Esta columna más que de juntar letras va de sumar números, números que no pretenden llevar sólo a la indignación, si no a la reflexión. ¿Qué les parece si hablamos de corrupción, no sólo de corrupción política si no institucional y social también? ¿Y si lo hacemos con datos de los organismos competentes en su detección intentando obtener cifras globales? Sólo me pararé en los datos referidos al sobrecoste de los contratos públicos y a los de la evasión fiscal.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en un informe de principios de 2015 considera que la factura de la corrupción en la contratación pública es de 48.000 millones de euros anuales. Según este informe, la contratación pública alcanza el 18,5% del PIB (194.000 millones anuales) y que se paga un sobrecoste injustificado en estos contratos del 25%, lo que da como resultado los 48.000 millones.

Sobre la evasión fiscal de empresas y profesionales, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estimaron en 2013 que España dejó de ingresar 79.000 millones de euros al año en impuestos en comparación con la media de los países de la UE-27, especialmente por lo que no se recauda debido al fraude, la evasión fiscal, la recaudación en el Impuesto del IVA y en el de IRPF.

La suma de ambas resulta 127.000 millones de euros, que equivale al 12% del PIB actual de España.

La primera de las conclusiones es que resulta imposible mantener un sistema público de protección social y prestaciones con este agujero negro que no para de crecer.

Y la segunda, y no menos importante, que hay corruptores y corrompidos, qué para que algún empleado público o político coja un sobre antes tiene que haber alguien que lo llene. Que la tolerancia a la corrupción en España es tan laxa, que sólo hay que ver los gobiernos reconocidamente corruptos vueltos a ser elegidos por los ciudadanos, las facturas sin IVA que todos alguna vez hemos pagado, o el peso del trabajo en negro, que en España podría alcanzar al 33% de todos los trabajadores.

Evidentemente el papel de cada uno de nosotros no es el mismo. La corrupción de las élites políticas y económicas desveladas por capítulos en los últimos años, nos dan cuenta de un sistema de robo organizado y mantenido en el tiempo. Y si bien es cierto, que nuestros representantes deben tener un comportamiento ejemplar, es difícil que salgan elegidos desde una sociedad en que la ética pública no es lo que más se valora.

En España la corrupción social y política es el principal lastre para su desarrollo económico y aquí, sí es necesario un Pacto de Estado de todos (instituciones, partidos políticos, agentes sociales sindicales y empresariales) que dote de más medios la persecución de los delitos, mejore los sistemas de prevención y detección, y establezca propuestas de regeneración pública-privada, que no es espacio aquí para detallar. Y mientras tanto el resto no miremos hacia otro lado, no seamos la mayoría silenciosa; porque sí, probablemente a usted, también le están robando.