Podemos-Alto Aragón en Común pregunta al Gobierno por la recuperación para la gestión pública de concesiones hidroeléctricas caducadas. El diputado por esta candidatura de confluencia, Jorge Luis Bail, registraba el pasado jueves, 17 de febrero, en el Congreso una pregunta al ejecutivo que, entre otras cuestiones, pretende aclarar las responsabilidades existentes por haber dejado expirar los plazos para la reversión de la concesión de aguas del río Cinqueta utilizadas en la central de Lafortunada (Huesca), que continúa en manos de Endesa. La gestión pública de las centrales eléctricas con concesiones caducadas es una de las medidas que esta coalición lleva en su programa electoral.
Diversas concesiones de caudales para la producción hidroeléctrica, que fueron otorgadas hace 75 años en el Pirineo aragonés a distintas empresas, expiran próximamente. Su recuperación para el Estado aportaría, considera la candidatura altoaragonesa, aportaría recursos a las arcas públicas –que deberían permitir reinversiones en el territorio afectado– y posibilitaría un mayor control por parte de la sociedad española de un recurso clave como es la energía.
La concesión para el aprovechamiento de caudales del río Cinqueta (en los términos municipales de Plan y Tella-Sin) terminó hace siete años. Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Ebro dejó pasar cinco después hasta empezar el expediente administrativo de reversión para hacer efectiva la extinción de la misma por caducidad (lo cual es obligación para el Órgano de Cuenca, según el Art. 163.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico). Sin embargo, la concesionaria ha seguido de facto beneficiándose de esos caudales y de la energía que producen. En noviembre de 2015 expiró el plazo de resolución del expediente administrativo de reversión iniciado para la extinción del derecho al aprovechamiento del río Cinqueta.
Sobre esta cuestión la Podemos-Alto Aragón en Común quiere saber cuáles van a ser las acciones que el Ministerio va a llevar a cabo en relación al expediente caducado, al nuevo expediente de reversión, y a la reinversión consiguiente en el territorio una vez recuperada la concesión, y en qué plazos. También quiere saber qué cargos de la Administración eran los responsables de velar por la recuperación de la concesión para el Estado y cuáles son las responsabilidades que, según sus servicios jurídicos, se derivan del incumplimiento de dichos plazos. También pregunta por el beneficio obtenido por la empresa explotadora a partir de la fecha de caducidad de la explotación en 2007 y por los pagos de la concesión que aquella realiza.
Podemos-Alto Aragón en Común lleva en su programa electoral la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen, de las que deberían hacerse cargo las confederaciones hidrográficas y las instituciones medioambientales. El objetivo de esta medida es diversificar la procedencia de la energía, reduciendo el carácter de oligopolio privado que tiene en la actualidad el sistema eléctrico, y aumentando la soberanía energética del país.
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