La Diputación Provincial de Huesca pone en marcha un nuevo Plan de Concertación Económica, en este caso dirigido al empleo en el medio rural, con una partida de 1,3 millones de euros aprobada la pasada semana por unanimidad en sesión plenaria que ayudará a los ayuntamientos altoaragoneses a contratar personal para servicios municipales.

La medida que se ha dado a conocer este mediodía se suma a otro Plan de Concertación que, dotado con 2,5 millones de euros, ya está contribuyendo a financiar el gasto derivado del suministro de energía eléctrica en alumbrado público y otras instalaciones municipales y también de su mantenimiento. Entre ambos, supone una ayuda extraordinaria de cerca de 4 millones de euros a la administración local que contribuirá a aliviar su gasto corriente en equipamientos y servicios municipales, preferentemente de los obligatorios.

“Acudimos en ayuda de los ayuntamientos, conscientes de la delicada situación económica y financiera por la que atraviesan en el medio rural”. Es la prioridad que hace pública el Presidente de la Diputación Provincial, Miguel Gracia, quien opta por utilizar el superávit para invertir y no para amortizar deuda porque “los recursos de la Diputación de Huesca no son ilimitados, pero una institución bien administrada es aquella que echa mano de toda su economía para poder desarrollar mejor su función y la de los municipios y personas a las que sirve”. “Creemos que no es tiempo de poner trabas sino de ayudar a los ayuntamientos”, insiste el máximo responsable de la DPH.

Gracia se refiere a “unos ayuntamientos sometidos a la asfixia” debido a las normativas impuestas por el Ministerio “que está obsesionado con que la administración local y quienes aquí trabajamos seamos unos meros contables de ingresos y de gastos, se dificulta todo de tal manera que los recursos al final quedan en los bancos”, lamenta.

Analizadas las necesidades de los municipios, el responsable de Hacienda, Fernando Sánchez, ha detallado que se incorpora un fondo de 1.374.864 euros para que los ayuntamientos puedan sufragar el pago de nóminas de personal o facturas de empresas y autónomos que trabajen para ellos, es decir, los necesarios para desarrollar servicios en el municipio como son pueden ser monitores en centros educativos o labores de mantenimiento en parques y jardines, por poner dos ejemplos.

Habla Sánchez del doble objetivo “de estimular la creación de empleo en todo el territorio altoaragonés y a la vez dar respuesta a las necesidades de los ayuntamientos”. A partir del trámite de la modificación presupuestaria de hoy, la Diputación se centra ahora en la elaboración de este plan con la previsión de que pueda lanzarse en el mes de octubre. La Diputación trabaja en la línea de volver a primar la ayuda a los municipios de menor población con unos criterios de distribución que tengan en cuenta una cantidad fija, a lo que se sumen otras cuantías en función del número de habitantes y de las entidades singulares de cada municipio.

Actividades para la memoria histórica

El expediente de modificación de créditos aprobado alcanza los 1,7 millones, en los que también se incluye una nueva partida de 35.000 euros para financiar actividades de recuperación de la memoria histórica por colectivos o entidades que trabajan en este ámbito y con proyectos que van desde la exhumación de restos, localización e identificación de víctimas, publicación de estudios y propuestas educativas. Detrás de ellos están el Círculo Republicano Manolún Abad, el Foro de la memoria histórica de Aragón, Rolde de Estudios Aragoneses o el IEA Pirámide.

Como asuntos del orden del día y vinculados a la administración electrónica, también han salido adelante la adhesión de la Diputación a la aplicación de la Oficina de Registro Virtual, así como al convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Aragón para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica.