En la Diputación Provincial de Huesca la implantación de la administración electrónica hace que trámites como registrar documentación, conocer en qué punto se encuentra cualquier proceso, iniciar un trámite con otra administración o firmar documentos electrónicamente sea una realidad a diario. Desde que entró en vigor el pasado mes de octubre la nueva legislación, ha emitido más de 800 comunicaciones y notificaciones digitales y en el último año 372 certificados electrónicos, el sistema de firma que permite identificar a su titular en cualquier tramite. En este sentido, la DPH actúa como oficina de registro del certificado electrónico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que pueden obtenerlo de forma gratuita en la sede provincial.
A día de hoy, la Diputación Provincial ofrece más de 80 trámites de forma electrónica, ya sean para ayuntamientos, ciudadanos u otros colectivos. José Luis Gállego es el diputado de Transparencia, Protección de Datos y Administración Electrónica, quien afirma que “estamos dando el paso definitivo en la administración electrónica”, mientras se refiere también a la “revolución administrativa” en un proceso en el que “la aplicación de las nuevas normas es compleja para todos”.
La Diputación de Huesca no solo está cumpliendo con lo que supone la ley de Procedimiento Administrativo sino que, como añade Gállego, “estamos ejerciendo una labor de apoyo jurídico y técnico a los ayuntamientos de la provincia para los que está suponiendo un esfuerzo extra”. El responsable de Administración Electrónica pone como otro ejemplo de la adaptación a la nueva legislación el hecho de que los 195 ayuntamientos de la provincia de menos de 5.000 habitantes hayan tramitado electrónicamente de principio a fin los últimos planes de concertación que les hemos concedido. Para ello, han recibido la asistencia jurídica y técnica necesaria con el desarrollo de varias jornadas formativas para el personal técnico municipal, la atención de más de 1.000 consultas telefónicas a los servicios jurídicos e informáticos e incluso la posibilidad de desplazarse a la sede de la Diputación de Huesca para poder realizar los trámites con la asistencia de los técnicos provinciales.
También se ha puesto en marcha un servicio de intermediación de datos desde el que, hasta el momento, los datos que podemos consultar de otras adminsitraciones son la consulta de títulos universitarios y otros como los de Bachillerato, FP, etcétera, y otros datos que se utilizan para procesos de selección de personal, la certificación de titularidad catastral, para expropiaciones, o la verificación de estar al corriente de pago con la Seguridad Social, para subvenciones y contrataciones. En este plano hay que citar otro sistema, el de intercambio de registros, por el que cualquier ciudadano puede presentar documentación o iniciar un trámite para con otra administración española en la Diputación. Solo en el último mes se han recibido 54 solicitudes y se han enviado 68.
La nueva legislación hace que estén obligados a relacionarse electrónicamente con las administraciones tanto empresas, asociaciones, otras sociedades y entidades sin personalidad jurídica como pueden ser las comunidades de bienes, además de aquellos que ejercen una actividad para el que se requiere estar colegiado (notarios, registradores, colegios profesionales…). “Los únicos que no están obligados y que pueden elegir la forma de hacer sus trámites son los ciudadanos, pero si quieren hacerlo de forma electrónica hay que proporcionarles los medios”, apunta Gállego. Para el responsable provincial, “ninguna administración puede quedarse al margen de esta nueva sociedad digital” donde cree necesaria “la modernización, eliminando burocracia y con la interconexión de todas las administraciones para dar mejor servicio”.
Con la entrada en vigor de la nueva ley hay determinadas obligaciones desde el pasado 2 de octubre, mientras que otras quedan para 2018, al dar dos años de plazo para que las administraciones adapten sus sistemas. En cualquier caso, la Diputación ya está trabajando en el desarrollo de las aplicaciones que presta la administración del Estado en este sentido, entre las que se encuentra un archivo electrónico y un gestor de expedientes, además del registro de apoderamientos (apoder@) y el de funcionarios habilitados (habilita@).
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