El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente responsabiliza a la Confederación Hidrográfica del Ebro, de no iniciar cuando correspondía la reversión al Estado de la central hidroeléctrica de Lafortunada-Cinqueta, una de las de mayor producción del Pirineo. Así se desprende de la respuesta dada por el Gobierno, después de un año de su formulación, a las preguntas planteadas entonces, en febrero de 2016, por la coalición oscense Podemos-Alto Aragón en Común (*) a través de su diputado Jorge Luis Bail. La no recuperación de esta concesión que debía haber vuelto al Estado en 2007, y que todavía sigue en manos de Endesa, ha podido suponer a las arcas públicas decenas de millones de euros no ingresados por el valor de la electricidad que produce (más de 4 millones anuales, según diversas fuentes). El Ministerio evita responder en su escrito a la pregunta planteada por la confluencia altoaragonesa sobre qué cargos de la Administración eran los responsables de velar por la reversión de la central ni a cuáles son las responsabilidades que, según sus servicios jurídicos, se derivan del incumplimiento de dichos plazos.

El Ministerio reconoce en su contestación que la concesión caducó el 12 de julio de 2007, y que, hasta cinco años después no se inició el expediente de extinción. Sin embargo, el Ministerio se exculpa de ese retraso y responsabiliza a la CHE –una entidad que depende de él–, afirmando que en junio de 2012 (cinco años después de concluido el plazo otorgado a la empresa eléctrica), ordenó a este organismo de cuenca, “entre otras cosas, que incoara el expediente de extinción del salto hidroeléctrico Lafortunada-Cinqueta”.

“Por lo tanto”, afirma en su escrito el Gobierno, “el referido Ministerio no es responsable de bloquear la reversión de los saltos hidroeléctricos. Por el contrario fue el Ministerio el que actuando de acuerdo con la ley, urgió a la CH Ebro a que iniciará el expediente que debía haber iniciado».

“El Ministerio trata de eludir su responsabilidad”, explica Jorge Luis, “culpándose, de alguna forma, a sí mismo, pues la Confederación depende de la Administración Central del Estado y de ese Ministerio. En cualquier caso”, continúa, “el Gobierno dejó pasar cinco años para cumplir con su obligación de defender los recursos públicos”. Y además, recuerda, “el expediente de extinción ha caducado sin concluirse, por lo que el Estado no recuperará la central hasta 10 años después, como pronto, de la fecha que correspondía. Y ello sin que se hayan depurado responsabilidades por esa pérdida patrimonial”.

El expediente de extinción, que tiene un plazo de tramitación de 18 meses, caducó –circunstancia de la que Podemos-Alto Aragón en Común y su heredero Unidos Podemos en Común, responsabilizan al ministerio– iniciándose en enero de 2016 uno nuevo. El Ministerio no prevé, según su escrito, que la reversión se produzca antes de 2018.

Tampoco contempla que esa concesión de 12.000 litros por segundo del río Cinqueta, el salto “autorizado” de 326 metros, y la central que alimentan “reviertan en el territorio”. La confluencia oscense lleva en su programa la vuelta a la gestión pública de las concesiones hidroeléctricas caducadas y reclama la participación de los ayuntamientos en ese proceso para que al menos una parte de los beneficios reviertan en el territorio que, consideran, “ha sufrido el impacto social y medioambiental de estos proyectos”.

El Ministerio, por el contrario, afirma en su escrito que pretende convocar concurso público para el aprovechamiento del salto, y que la CHE sería la encargada de gestionarla temporalmente hasta su resolución.

También señala, respondiendo a Podemos-Alto Aragón en Común , que Endesa no paga actualmente ningún canon por la concesión. Sin embargo, ante otra pregunta de la candidatura oscense, afirma, sin demasiada precisión, que el Estado “se reserva las acciones que pudieran corresponderle respecto a la exigencia y eventual compensación” por los beneficios obtenidos por el concesionario durante los más de diez años de más en que va a gestionar este salto.

Diversas concesiones de caudales para la producción hidroeléctrica, que fueron otorgadas hace 75 años en el Pirineo aragonés a distintas empresas, expiran próximamente. Su recuperación para el Estado aportaría, consideran Alto Aragón en Común y Podemos, recursos a las arcas públicas, “que deberían permitir reinversiones en el territorio afectado”, y posibilitaría “un mayor control por parte de la sociedad española de un recurso clave como es la energía”.

Podemos-Alto Aragón en Común, y su continuador en Huesca, Unidos Podemos en Común, defienden la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen, con el objetivo de diversificar la procedencia de la energía, “reduciendo el carácter de oligopolio privado que tiene en la actualidad el sistema eléctrico”, y aumentando la soberanía energética del país.

(*) Podemos-Alto Aragón en Común , la coalición provincial formada por el partido morado y la plataforma oscense de confluencia, obtuvo un escaño en el Congreso en las elecciones del 20 de diciembre. En la convocatoria del 26J, con la incorporación de IU, la candidatura pasa a llamarse en la provincia de Huesca Unidos Podemos en Común. En ambas ocasiones fue la provincia con menos población en que se puso fin a 40 años de bipartidismo. Huesca es también la única provincia de tres escaños que tiene un representante ajeno a los dos partidos que han gobernado el país en estas cuatro décadas.