El Partido Aragonés llevará al próximo de la Diputación de Huesca, la reivindicación altoaragonesa por la mejora de servicios ferroviarios al territorio, a través de los trenes regionales que recorren las diferentes líneas, con particular mención a la demanda hecha pública recientemente por los alcaldes de municipios en la vía de Huesca a Canfranc, que quieren recuperar las paradas en sus apeaderos y estaciones.
En concreto, el Grupo Aragonés (PAR) en la DPH ha presentado una propuesta de resolución para que la Diputación de Huesca acuerde “instar al Gobierno de Aragón, a su Departamento de Vertebración Territorial, Movilidad y Vivienda, y al Gobierno de España, a través de su Ministerio de Fomento y de la empresa pública RENFE, a acordar en el plazo más breve posible, un nuevo convenio para el incremento y mejora de las líneas, materiales y servicios ferroviarios en Aragón considerados obligación de servicio público, así como en especial, a la programación de cuantos sea preciso en la línea Huesca-Canfranc para la atención eficiente a los vecinos de las localidades de recorre, incluyendo las paradas de todos sus servicios en esa línea, suprimidas en 2013.”
Según argumenta el Partido Aragonés, un “eficaz servicio de transporte público es una de las condiciones necesarias para la vertebración territorial, económica y social de comunidades como Aragón” por su extensión y dispersión de su población y “de acuerdo con los derechos de sus habitantes y como acción en la lucha contra la despoblación”. Así, “un correcto transporte por ferrocarril es (…) indispensable para el presente y futuro de nuestra Comunidad y de los aragoneses, en cuanto a cohesión, calidad de vida y desarrollo socioeconómico”, por lo que “las administraciones públicas deben garantizar ese servicio en cuanto a adecuar sus frecuencias, rapidez, materiales, tarifas, recorridos… a las infraestructuras disponibles o precisas y a la demanda social.”
“Los trenes regionales –señala el PAR- son la principal aplicación de esa garantía” y por ello, “desde Aragón se ha realizado una labor política e institucional, también plasmada en presupuestos, por el mantenimiento y mejora de esos trenes, frente a los criterios de rentabilidad económica que habitualmente son priorizados desde la empresa pública Renfe, titular del servicio.” En ese sentido, desde 1992, el Gobierno de Aragón suscribe sucesivos convenios de cofinanciación con Renfe, para lograr la continuidad de las líneas férreas aragonesas deficitarias con la cofinanciación desde la DGA. En 2012 y en plena recesión, el Plan de Racionalización del Transporte Ferroviario significó una nueva etapa incluso con la amenaza de cierre de hasta un cuarenta por ciento de las líneas férreas aragonesas, finalmente evitado por un nuevo acuerdo que logró incorporar en la obligación de servicio público (OSP), las líneas de media distancia aragonesas como Zaragoza-Jaca-Canfranc, Zaragoza-Huesca o Zaragoza-Monzón-Lérida.
Entre Huesca y Canfranc, el Partido Aragonés explica que todo ello no evitó que la continuidad “se realizara también a costa de la supresión, en algunos servicios, de las paradas que todos ellos realizaban en localidades, apeaderos y estaciones como Plasencia del Monte, Riglos, Santa María de la Peña, Anzánigo, Caldearenas, Castiello de Jaca o Villanúa, desde las que además, tienen acceso al tren los vecinos de otras poblaciones, que padecen los inconvenientes.”
El convenio venció en 2015 y, según el PAR, el anuncio del actual Gobierno de Aragón por el que iba a proceder a denunciarlo y a suspender el pago de cualquier aportación, “ha conducido sin embargo a dos prórrogas sucesivas en las mismas condiciones en todo caso, aplazando dicha financiación a cargo de la DGA, hasta que se produzca la negociación de un nuevo acuerdo que podría ser analizada en una reunión de la Comisión bilateral de cooperación Aragón-Estado que aún no tiene fecha determinada.”
De esa manera, de cara a esa renovación pendiente o nuevo documento, el Partido Aragonés reclama el incremento y mejora de las líneas, materiales y servicios ferroviarios en Aragón, y apoya “la reiterada reivindicación de los alcaldes de los municipios afectados para que sus vecinos dispongan al menos de la posibilidad de tomar el tren en todos los servicios que discurren por sus estaciones y apeaderos” como “una cuestión justa”, avalada por los argumentos de vertebración, desarrollo y calidad de vida “pero también por las estimaciones directas sobre la casi nula incidencia de esas paradas respecto a posibles retrasos en los horarios de la totalidad del trayecto.”
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