En una sentencia notificada hoy, la Sección Primera de la Sala considera que se ha vulnerado, en el procedimiento seguido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y la interpretación que de ella ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La ausencia de estudios sobre el impacto en las masas de agua afectadas por el embalse y la declaración de impacto ambiental no contiene los estudios y evaluaciones necesarias al respecto; tampoco constan la existencia, con carácter previo a la declaración de interés general, de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental así como un estudio específico de la recuperación de costes y las correspondientes revisiones previstas en la ley.