Alto Aragón en Común considera que la sentencia de la Audiencia Nacional sobre Biscarrués debe considerarse “una oportunidad para una nueva política hidráulica y de desarrollo rural en Aragón que no confronte comarcas y tenga en cuenta las necesidades y la sensibilidad medioambiental del siglo XXI”. La plataforma oscense celebra esta resolución que frena la amenaza del pantano en el río Gállego y avalan las tesis de los habitantes de la zona y de las plataformas sociales que llevan años denunciando las afecciones de esta obra y la falta de los estudios medioambientales y de interés público necesarios.
Alto Aragón en Común recuerda que apenas unas semanas atrás, el Gobierno negaba, en una respuesta escrita a su diputado en el grupo parlamentario de Unidxs Podemos-En Común-En Marea en el Congreso, Jorge Luis Bail, que fuese una irresponsabilidad seguir dando pasos e invirtiendo recursos en un proyecto judicializado y que, además, tiene un expediente abierto por la Comisión Europea por infracciones de la Directiva Marco del Agua, que podría haberlo llevado, también, ante los tribunales europeos.
La confluencia oscense denuncia la actuación del Gobierno, y considera que no era razonable “impulsar políticas de siglos pasados sin tener en cuenta circunstancias como el cambio climático, la creciente preocupación medioambiental o las normativas que la recogen”.
Alto Aragón en Común ve, en este refrendo de los tribunales una ventana de oportunidad para consensuar otro modelo de desarrollo rural, que llegue a las distintas comarcas oscenses, que sea solidario entre ellas, y que no tenga los costes sociales y ambientales, ni provoque los conflictos territoriales que suponen iniciativas hidráulicas como las planteadas.
Aunque la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de anular el anteproyecto del embalse de Biscarrués y su declaración de impacto ambiental es recurrible ante el Tribunal Supremo, la alegría no se ha hecho esperar en el Alto Aragón al conocer la noticia, al considerar que puede suponer el final para esta obra.
La Sala considera que, en el procedimiento seguido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se ha vulnerado la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y la interpretación que de ella ha realizado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La resolución señala la ausencia de estudios sobre el impacto en las masas de agua afectadas por el embalse y añade que la declaración de impacto ambiental no contiene los estudios y evaluaciones necesarias al respecto. Tampoco consta la existencia, con carácter previo a la declaración de interés general, de un informe de viabilidad económica, técnica, social y ambiental, así como de un estudio específico de la recuperación de costes y las correspondientes revisiones previstas en la ley.
El diputado Jorge Luis Bail ha remitido al Gobierno varias preguntas sobre la presa, tras la salida a información pública el pasado mes de mayo, trayendo consigo de nuevo el fantasma del pantano que pendía sobre la Hoya de Huesca desde hace más de 30 años y que hubiera puesto fin al despegue de una zona que ha conseguido asentar población y revitalizar, gracias al turismo, su economía. El Gobierno central negó en todo momento problemas en este proyecto a pesar del cerco de expedientes administrativos y de posibles sentencias judiciales españolas y europeas al que estaba sometido. Alto Aragón en Común ha reclamado reiteradas veces diálogo ante el conflicto que generaba esta iniciativa en la provincia de Huesca.