Ecologistas en Acción ha denunciado en numerosas ocasiones la influencia desmedida de los grupos de presión corporativos sobre las instituciones europeas. En esta ocasión pone el foco sobre los Estados miembros de la UE, que juegan un papel decisivo en la toma de decisiones de la Unión pero actúan a menudo de manera opaca.
Los grupos de presión empresariales se aseguran con su intensa labor de lobby de que las leyes y políticas comunitarias les favorezcan. A menudo, cuando prevalecen los intereses empresariales, el interés público sale perdiendo.
El nuevo informe de Corporate Europe Observatory ‘Gobiernos cautivos: los estados de la UE como canal para los intereses empresariales‘, ofrece numerosos ejemplos sobre cómo los Estados miembros promueven los intereses empresariales de diferentes formas, incluyendo varios casos relativos al Estado español. Estos son algunos de los puntos que subraya el informe:
Los Estados miembros tienen una relación simbiótica con ciertos grupos de presión empresariales de modo que los intereses de un determinado sector o empresa se equiparan al interés general de esa nación y así se presentan en distintos foros de la UE. Un ejemplo extremo de esta relación privilegiada es Telefónica, gigante español de las telecomunicaciones.
Los grupos de presión más poderosos tienen un acceso incomparablemente mayor que ONG y sindicatos a los altos cargos de los distintos gobiernos o a representantes de sus respectivos países en las instituciones europeas. Un ejemplo es el Comisario de Clima y Energía, Arias Cañete. Entre los grupos de presión con los que se ha reunido más a menudo están Iberdrola y Naturgy. De un total de 269 reuniones con empresariado de diciembre de 2014 a octubre de 2018, 100 fueron con grupos de presión españoles entre los que se encontraron Telefónica y Banco Santander.
En la UE, los Estados miembros han absorbido de forma colectiva ciertas agendas empresariales y las han integrado en políticas comunitarias más amplias, como la gobernanza económica, el principio de innovación (por oposición al principio de precaución) o la protección de los inversores en los tratados de comercio. Es llamativo, por ejemplo, cómo el Estado español se ha posicionado junto a la industria del arbitraje apoyando tesis extremadamente favorables a los inversores en temas de ISDS (un sistema judicial exclusivo con el que las multinacionales pueden denunciar a los estados si consideran que estos perjudican sus intereses) a pesar de ser el país de la UE más demandado a través de este sistema.
La investigación de CEO evidencia que la excesiva influencia de los intereses empresariales, junto a los complejos procesos de tomas de decisiones en la UE, la falta de transparencia y la ausencia de procesos que incluyan a la ciudadanía en las tomas de decisiones, se han combinado para crear un déficit democrático.
Ecologistas en Acción ha manifestado su preocupación por las conclusiones del informe y subscribe algunas de las medidas que este propone para contrarrestar esta desproporcionada influencia corporativa: políticas de transparencia total sobre la actividad de lobby, mayor rendición de cuentas en los parlamentos nacionales en lo referido a decisiones tomadas en la esfera comunitaria, más y mejor información a la población y participación ciudadana en la toma de decisiones.
Para la organización ecologista es del todo indispensable limitar el poder político de las empresas multinacionales para que el interés público y los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses privados.
Por todo ello, Ecologistas en Acción participa junto a muchas otras organizaciones sociales en la campaña europea ‘Paremos a las multinacionales. Stop ISDS‘, que reclama medidas nacionales e internacionales de control de las multinacionales. Proponen un tratado vinculante sobre multinacionales y derechos humanos en la ONU o la desaparición de los tribunales de arbitraje internacional ISDS.
Enlace al informe ‘Gobiernos cautivos: los estados de la UE como canal para los intereses empresariales’:https://www.ecologistasenaccion.org/?p=114659
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