Los responsables de Cruz Blanca trasladaron este lunes a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe, sus propuestas electorales de cara a las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo 26 de mayo. Lo hicieron durante la visita que Broto y Felipe realizaron a la casa familiar San Lorenzo, en Huesca, en la que los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca atienden a un total de 81 personas, entre los programas de exclusión, salud mental, dependencia y centro de referencia en Aragón para enfermos con VIH.
Entre las reivindicaciones a las instituciones que les plantearon Ana Laliena, coordinadora en Aragón de la Fundación Cruz Blanca; Ana Gota, directora de la casa familiar de Huesca, y otros profesionales que trabajan en la misma, destacan las relacionadas con la revisión de protocolos de ingreso en los diferentes programas sociosanitarios para evitar la discriminación en los mismos de personas con VIH/SIDA, el derecho subjetivo a la renta de garantía de ingresos o la aprobación de una ley autonómica del tercer sector que asegure la definición de las entidades sociales como agente social.
Además, los responsables de Cruz Blanca quisieron poner en valor el trabajo que desde hace cuatro años se lleva a cabo desde este centro oscense para atender a hombres dentro del programa de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, un recurso único en España para los varones y que no está financiado por ninguna administración pública.
A este respecto, también informaron a Ma Victoria Broto y Luis Felipe de que este proyecto ha sido presentado a la convocatoria del programa europeo Erasmus + junto con otros recursos similares existentes en Portugal, Bélgica y Austria, los únicos de la UE que prestan este tipo de asistencia a hombres víctimas de trata.
Ambos responsables políticos hicieron un recorrido por las instalaciones de la casa familiar San Lorenzo que incluyó las salas de fisioterapia, manualidades, lectura de prensa y de televisión, el comedor o el jardín.
Además, conocieron el local, situado a escasos metros de la casa familiar, en el que se ubican las aulas de formación para la alfabetización digital, la tienda solidaria con productos elaborados por los usuarios, abierta hace apenas dos meses, y el centro de escucha activa Javier Osés, que se puso en marcha a finales del pasado año y es el primero de este tipo en Aragón.
Allí, ocho psicólogas voluntarias atienden presencialmente a personas que atraviesan situaciones complicadas y demandan consejo y acompañamiento por haber sufrido alguna pérdida importante, por encontrarse en soledad no deseada o por haberse planteado el suicidio. Asimismo, Cruz Blanca pretende que este recurso se convierta en referente para la formación en esta materia.
La consejera Ma Victoria Broto valoró esta iniciativa, al igual que el alcalde, que comprometió el apoyo del Ayuntamiento de Huesca para dotar de material informático las aulas de formación habilitadas en este centro. Además, anunció mejoras urbanísticas en su entorno y el de la casa familiar para facilitar la accesibilidad de los usuarios.
El bloqueo administrativo de la nueva residencia de Gea de Albarracín
Por otra parte, en la reunión mantenida con motivo de esta visita también se abordó con la consejera el problema de la nueva casa familiar Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en Gea de Albarracín (Teruel), que todavía no ha podido ponerse en marcha después de más de un año a la espera de que el Gobierno de Aragón conceda la licencia de apertura.
Tras hacer pública Cruz Blanca esta situación hace unos días, Ma Victoria Broto informó a sus responsables de que el expediente administrativo está pendiente de la justificación de los fondos FITE que se invirtieron en el proyecto -más de un millón de euros en total, entre estos fondos y los del 0,7% del IRPF-, un hecho del que hasta ahora no se tenía constancia.
La consejera se puso a disposición de Cruz Blanca para informarse sobre en qué punto se encuentra dicha justificación de fondos, que debe validar el Gobierno central, por lo que quedan a la espera de la información que pueda facilitarles la titular de Ciudadanía y Derechos Sociales.
Cruz Blanca quiere expresar su “profunda tristeza” por que un trámite administrativo esté frenando desde hace tanto tiempo la puesta en marcha de una residencia que atenderá en el medio rural a 59 personas con discapacidad intelectual y en situación de discapacidad, y que creará alrededor de 30 empleos, una decena de ellos a través de la empresa de inserción de esta entidad. Asimismo, confía en que la maraña burocrática se resuelva cuanto antes y la nueva casa familiar pueda empezar por fin a prestar servicio a los usuarios y a generar oportunidades laborales en esta localidad de la Sierra de Albarracín, una comarca duramente castigada por la despoblación y la falta de alternativas para sus habitantes.
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