El proyecto del embalse de Biscarrués, en el río Gállego del Pirineo español, ha supuesto uno de los conflictos ambientales más significativos en el choque de la política de aguas española con las políticas europeas de protección de las aguas y la biodiversidad, razón por la cual las cinco grandes ONG ambientales de España, de carácter nacional e internacional, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España, se unieron para presentar por primera vez en la historia una queja conjunta y un recurso judicial contra este proyecto. Esta acción vino a sumarse al recurso y el trabajo firme y constante que venía desarrollando la coordinadora Biscuarrués-Mallos de Riglos junto a los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, afectados por el proyecto de dicha infraestructura hidráulica.
El Estado, a pesar de los severos efectos documentados que tendría dicho embalse para el río, la biodiversidad y el futuro económico y social del territorio, insistió en su desarrollo, pero quedó posteriormente anulado por la Audiencia Nacional en su Sentencia de 07/07/2017 por infringir la Directiva 2000/60/CE Marco del Agua. Sin embargo, esta sentencia fue recurrida por Riegos del Alto Aragón, y ha sido ahora cuando el Tribunal Supremo ha ratificado de manera definitiva la valoración inicial de la Audiencia Nacional.
La construcción del embalse de Biscarrués conllevaba afecciones ambientales negativas muy significativas, ya que destruiría un tramo fluvial en buen estado de conservación y con ello todo el ecosistema fluvial, y su flora y fauna asociadas, de interés comunitario y en peligro de extinción. El proyecto afectaba a espacios de la Red Natura 2000 no sólo en el río Gállego, también tenía impactos indirectos severos e irreversibles sobre las ZEPA de Monegros y sobre sus especies de aves amenazadas, debido a la insostenible transformación en regadío de este área.
Asimismo, las consecuencias negativas se preveían devastadoras para la economía y el futuro de la comarca afectada de la Galliguera, que apuesta por un modelo de desarrollo basado en el uso sostenible de sus recursos y valores naturales.
El principal argumento esgrimido por el Tribunal Supremo es que, con este proyecto, el Gobierno de España incumple de forma clara la Directiva Marco del Agua. Esta norma comunitaria, de aplicación en nuestro país desde el año 2000, obliga a no deteriorar más los ríos y masas de agua de la Unión Europea y a mejorar su estado. A juicio del Tribunal, estas obligaciones podrían incumplirse si se construye Biscarrués. La Administración General no ha sido capaz de demostrar el interés “superior” del proyecto en las décadas que lleva tramitando e intentando sacarlo adelante. Tampoco se ha demostrado que no existan otras alternativas más racionales y ambientalmente sostenibles, frente a este embalse que destruiría tramos muy valiosos del río Gállego y afectaría gravemente a las poblaciones ribereñas. Por este motivo, en esta sentencia, que sienta una importante jurisprudencia sobre la aplicación de la Directiva Marco del Agua en España, el Tribunal Supremo confirma de forma definitiva la anulación de la Declaración de Impacto ambiental y el anteproyecto del embalse de Biscarrués, que ya declaró la Audiencia Nacional en su sentencia del año 2017.
La Directiva Marco del Agua establece, en su artículo 4.7, condiciones estrictas para acometer, de forma excepcional, proyectos que alteren los ríos y masas de agua. Según el Tribunal Supremo, al igual que ya sentenció la Audiencia Nacional, estas condiciones no se cumplen en este caso. Además el Tribunal Supremo corrobora que los argumentos no pueden formularse en abstracto: el proyecto de Biscarrués aludía a un “interés público superior” que no estaba soportado por un análisis detallado y específico. Este interés, por tanto, no está acreditado en el marco de las normativas vigentes. En conclusión, «no puede concluirse que «sean equivalente o puedan equipararse» el interés general de una obra hidráulica y este interés “superior” que exige la norma europea. El «interés público superior» exige inexcusablemente una comparación, en exposición propia e independiente, un plus respecto del «interés general». Un argumento legal fundamental que, en opinión de las entidades, debería motivar la revisión de todas y cada una de las obras hidráulicas que alteren los ríos y que puedan estar ya planteadas por la política de aguas del Estado español.
En este sentido se demuestra que, tal y como planteaban Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife, WWF España y la Coordinadora Biscurrués-Mallos de Riglos, junto a los ayuntamientos de Biscarrués, Murillo de Gállego y Santa Eulalia de Gállego, existían sobrados argumentos y pruebas suficientes que demostraban el incumplimiento del Derecho Ambiental de la Unión Europea por el Reino de España.
Esta sentencia histórica es especialmente relevante, no solo para el caso de Biscarrués, sino porque sienta un importante precedente y puede tener implicaciones sobre otros proyectos hidráulicos, y obligará a revisar todas y cada una de las grandes obras hidráulicas proyectadas en los planes hidrológicos del territorio estatal, actualmente en revisión. Las entidades y los ayuntamientos celebran que Biscarrués y la comarca de la Galliguera sigan siendo lo que son, pueblos y patrimonio natural, no un embalse.
Afecciones del embalse de Biscarrués
La construcción del embalse de Biscarrués hubiese conllevado afecciones negativas muy significativas de carácter ambiental. En especial:
1. Destrucción de un tramo fluvial en buen estado de conservación, y con ello todo el ecosistema fluvial, y su flora y fauna asociadas, incluyendo hábitats y especies de interés comunitario y en peligro de extinción.
2. Modificación por completo, directa o indirectamente, y de forma injustificada la naturaleza de varias masas de agua, y produciría un deterioro y transformación significativa de varias masas de agua sin desarrollar, infringiendo la prohibición del deterioro e incumpliendo las condiciones consideradas en la normativa.
3. Afección de forma irreversible y crítica a los hábitats y especies por los que se designó el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Bajo Gállego”, tanto por la laminación de avenidas ordinarias como por la mayor detracción de caudales.
4. Importantes afecciones acumulativas y sinérgicas junto con las obras de regulación ya ejecutadas en el río Gállego.
5. Impactos indirectos severos e irreversibles sobre las ZEPA declaradas en Monegros y sobre las especies de aves esteparias amenazadas de Monegros, inadecuadamente evaluados.
Oportunidad: virar la política de aguas y apostar por la transición ecológica
Las organizaciones y los ayuntamientos esperan que el actual Gobierno aproveche esta oportunidad para trabajar en una política de aguas centrada en proteger, y no en deteriorar, los ríos y ecosistemas acuáticos. Es el camino más acertado para asegurar el futuro del recurso y los servicios que nos aportan estos hábitats. Las entidades solicitan a su vez a las administraciones competentes que nunca más se planteen proyectos similares en toda la cuenca del río Gállego. Igualmente, demandan que el millonario presupuesto* que se ha asignado reiteradamente para la construcción del pantano de Biscarrués sea destinado a la descontaminación del río Gállego, gravemente afectado por la antigua fábrica de lindano de Sabiñánigo, algo que, además de ser una obligación legal, beneficiaría a toda la cuenca y a los usuarios del agua del río en Monegros.
Triunfo de la sociedad civil
Tras esta excelente noticia, que es un triunfo de la sociedad civil aragonesa, tanto Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife como la Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos quieren recordar que los pueblos del río Gállego han demostrado que se puede crear economía sostenible basada en el respeto a su medio natural y, con esta sentencia, se certifica la posibilidad de apostar por un modelo económico sostenible en el tiempo y que respete las normativas europeas. Es tiempo de que las gentes de la comarca de Galliguera, la zona afectada por el proyecto, consoliden su apuesta por un desarrollo sostenible ligado al río. Trabajar en positivo por esta tierra beneficia a todo Aragón, y debe ser una pieza fundamental y reconocible de la lucha contra del despoblamiento del mundo rural.
Historia de los desmanes en el Gállego
El Gállego, río emblemático de Aragón y de la cuenca del Ebro, es un ejemplo paradigmático de los males crónicos que padecen muchos ríos españoles, sometidos a todo tipo de presiones y privados de su carácter natural. En sus menos de 200 kilómetros, reúne un rosario de abusos ambientales, obras innecesarias o mal proyectadas y decisiones de gestión irresponsables que han degradado su valor ambiental y han privado a la sociedad de un bien común de gran valor.
Son obviadas la planificación a largo plazo y el cumplimiento de las normativas de la UE, y también se ignoran los pilares de la sostenibilidad: el social, el económico y el ambiental. El mejor ejemplo de esta política insostenible es la proyección del embalse Biscarrués, ideado hace casi 40 años y con un presupuesto que superaría los 125 millones de euros. La finalidad oficial de la presa era laminar las avenidas del río Gállego y atender las demandas de riego de los cultivos de Riegos del Alto Aragón, el mayor regadío de Europa occidental, con 174.000 hectáreas.
El agua estaba destinada a regar parte del enclave natural estepario más importante de Europa, los Monegros, lo que implicaría la transformación de zonas de secanos de alto valor ecológico en regadíos con el agua embalsada en Biscarrués. Afectaría a hábitats y especies en clara regresión como el sisón o el cernícalo primilla, cuyas poblaciones han descendido un 50% en los últimos 10 años. Además, se trata de un proyecto de regadío carente de cualquier rentabilidad económica y de dudoso interés social, según estudios realizados por las propias administraciones.
Este embalse hubiese tenido también otros efectos. Entre los más perjudiciales se encuentra el de anegar kilómetros de río donde, desde hace más de dos décadas, varios centenares de familias dependen económicamente de la práctica de deportes de aventura en el propio río, frenando así la despoblación demográfica que sufre esta zona del alto Aragón. De hecho, en la comarca de la Galliguera se llevan a cabo casi un tercio de las actividades de turismo activo que se desarrollan en toda la comunidad autónoma.
Además, el embalse de Biscarrués, hubiese afectado a especies en peligro de extinción como el milano real o el cangrejo autóctono. Y hubiera modificado el paisaje, deteriorando de forma irreversible el Monumento Natural de los Mallos de Riglos, Agüero y Peña Arrueba.
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