La aprobación por unanimidad del Plan de Concertación Económica ha sido el primer punto del orden del día de la sesión plenaria de la DPH de este jueves. Asciende a 2,5 millones de euros que se destinarán a los municipios de la provincia con el objetivo de ayudarles a sufragar el gasto corriente que genera el suministro de energía eléctrica y del mantenimiento. Se distribuye siguiendo criterios de población y de entidades singulares de población.

Cosculluela ha valorado positivamente que durante 5 años consecutivos la Diputación de Huesca convoque este plan, que en este lustro ha permitido destinar casi 15 millones de euros en este concepto de ayudas a ayuntamientos, tanto para gasto energético como, en otras convocatorias anteriores, ayudar a la administración local a la contratación de personal para realizar servicios municipales.

“Desde el año 2011 la Diputación de Huesca viene supliendo la falta de compromiso de otras administraciones como el Gobierno de España o el Gobierno de Aragón, que han reducido sus aportaciones para el mantenimiento y funcionamiento de las administraciones públicas locales”, ha argumentado el Presidente de la DPH.

“La prioridad de la DPH es ayudar a solventar a los municipios más pequeños a sufragar los gastos generados de los servicios que prestan a la población con gran eficiencia y poquísima deuda”, ha añadido Cosculluela.

Otro punto que se ha aprobado por unanimidad es una iniciativa sobre la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dando lugar a la posibilidad de que las universidades puedan ofertar grados de tres años y másteres de dos años de duración.

En este sentido, el apoyo de los tres grupos políticos va dirigido a la decisión de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) sobre la moratoria para no implantar la reforma hasta el año 2017 en caso de no ser retirada.

También se promueve que el Patronato del Estudio General de Huesca aborde esta cuestión e insta al Gobierno central y autonómico a que en las reformas de modelos universitarios se tenga en cuenta las singularidades territoriales, demográficas y socioeconómicas de Aragón y se cuente con un proceso de participación con entidades, instituciones, universidades, campus y otros agentes sociales implicados.