La Diputación Provincial de Huesca inicia la legislatura con un nuevo Plan de Concertación Económica en el que compromete más de dos millones de euros para inversiones en los municipios “y acudimos en ayuda de los ayuntamientos, conscientes de la delicada situación económica y financiera por la que atraviesan en el medio rural”. Es la prioridad que  han manifestado la Vicepresidenta de la Diputación y el responsable de Hacienda, los socialistas Elisa Sancho y Fernando Sánchez, en una comparecencia posterior a las comisiones informativas de Hacienda e Interior donde ha comenzado la tramitación de este plan cuyas actuaciones se ejecutarán antes de final de año.

Analizadas las necesidades de los municipios, la Diputación incorpora por primera vez un Plan de estas características para inversiones “que prima la ayuda a los municipios de menor población”, como han recalcado los dos responsables provinciales a la hora de presentar sus particularidades. Esto se traduce en un fondo que llega prácticamente a toda la provincia, en concreto a 201 municipios, desde los que podrán poner en marcha actuaciones en recursos hidráulicos o vías públicas, y en otros aspectos como la recogida y tratamiento de residuos, en programas de industria, energía o comercio, en investigación y gestión del conocimiento, ordenación y promoción turística, carreteras y caminos vecinales, parques y jardines o gestión del patrimonio, por poner varios ejemplos.

La Vicepresidenta de la Diputación, Elisa Sancho, se refiere a este Plan provincial de Concertación para señalar que “nos aseguramos que los pueblos más pequeños tienen la posibilidad de crear nuevas infraestructuras y renovar sus servicios”, ha indicado Sancho, quien lamenta que “paralelamente, la legislación impuesta por el Gobierno Central nos esté condicionando la inversión y la creación de empleo que desde instituciones como la DPH, saneadas, podríamos llevar a cabo”.

“Considero que somos la columna vertebral de los ayuntamientos, su motor de desarrollo y, sobre todo, de los que menos recursos tienen”, apunta Elisa Sancho. Lo que quiere decir que, por contra a las subvenciones del Gobierno Central que ponen el límite en los 20.000 habitantes y van hacia arriba, la Diputación dirige su acción a los de menos de esa población que, en el caso de la provincia altoaragonesa, son todos a excepción de la capital oscense con más de 50.000. Además, las actuaciones que se aprueben se financiarán al 100% por la Diputación, “sin ningún coste para los ayuntamientos”, ha recalcado Sancho, para quien la Diputación es la que mejor puede impulsar estas iniciativas por la experiencia que le otorga el conocer en profundidad las necesidades de los municipios de la provincia.

La medida que se ha dado a conocer hoy para inversiones financieramente sostenibles se suma a otro Plan de Concertación que, dotado con 2,5 millones de euros, ya está contribuyendo a financiar el gasto corriente de los ayuntamientos, el derivado del suministro de energía eléctrica en alumbrado público y otras instalaciones municipales y también de su mantenimiento. Entre los dos, como indica la Vicepresidenta de la Diputación, “estamos hablando de una ayuda extraordinaria de cerca de 5 millones de euros destinados a la administración local”.

Tal como ha detallado el responsable de Hacienda en la DPH, Fernando Sánchez, el importe total, 2.116.150 euros, se distribuye en una cantidad fija de 9.000 euros por municipio, es decir, 1.809.000 euros, y el resto (307.150 euros) en función del número de habitantes y núcleos de cada ayuntamiento con un máximo de ayuda en cada caso de 17.000 euros, a razón de 1,1 euro por habitante y 340 euros por entidad singular. Según los cálculos hechos, “una media de 10.000 euros que requieren de más ayuda por nuestra parte.

Como el destino del plan son las inversiones financieramente sostenibles, “se valora el gasto de mantenimiento, los posibles ingresos o la reducción de gastos que genere la inversión durante su vida útil”, ha puntualizado en un plano más técnico Sánchez, quien destacaba “el tiempo récord” en el que se ha dado forma a esta convocatoria “que supone invertir más de 2 millones de euros en unos tres meses” y confiaba en que “los ayuntamientos van a tener la capacidad de llevarla a cabo”. En este sentido, también ha señalado que, a pesar de no ser el objeto prioritario, los ayuntamientos también podrán imputar a este Plan algún proyecto realizado en los últimos meses.

Ambos han querido hacer público el agradecimiento por la colaboración y el buen trabajo del personal de la Diputación “porque solo con la voluntad política, sin la labor técnica no se entendería que podamos presentar este tipo de planes”.

Invertir en lugar de amortizar deuda

Este nuevo plan de la Diputación se dibuja en un escenario en el que, como ha apuntado el responsable de Hacienda, las cuentas están condicionadas por el Gobierno central y la norma que obliga a que el aumento de ingresos tenga que dedicarse a pagar la deuda con las entidades bancarias por encima de las políticas destinadas a invertir. “Nos marcan un techo de gasto, y aunque dispongamos de recursos para gastar, no podemos hacerlo”, ha asegurado Fernando Sánchez en referencia a los remanentes de Tesorería.

Si bien, Elisa Sancho ha explicado que la Diputación ha optado por utilizar el superávit para invertir y no para amortizar deuda porque “la institución bien administrada es aquella que echa mano de toda su economía para poder desarrollar mejor su función y la de los municipios y personas a las que sirve”. Las cifras del superávit de la administración provincial alcanzan los 7,3 millones de euros, de los que en torno a 5 millones se han dedicado a partidas de carreteras y caminos principalmente, y a los que ahora hay que añadir los 2,1 millones de euros para inversiones que contemplan casi cualquier competencia de un pequeño municipio.

Como alternativa a “tanto recorte y control del gasto”, la Vicepresidenta de la Diputación, Elisa Sancho, ha aludido esta otra forma de combatir la actual situación y ha puesto el acento en las políticas inversoras “que permitan salvar a los ayuntamientos del ahogo permanente” porque, según ella, las administraciones locales son las grandes paganas de la deuda que han generando las Comunidades Autónomas y el Estado. Los responsables provinciales se han mostrado convencidos de que en estos momentos “el mejor plan de empleo es que la Institución aporte dinero público que reactive la economía del territorio altoaragonés”.

Este Plan de Concertación Económica municipal llegará a la sesión ordinaria del próximo jueves, 3 de septiembre, tras la aprobación por unanimidad de las comisiones informativas celebradas esta mañana y el acuerdo pasara a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia. A partir de la aprobación inicial, los ayuntamientos deberán presentar, en un plazo de diez días, la documentación para la ejecución de las obras que estarán finalizas antes de mediados de diciembre.