La Diputación de Huesca ha respondido al compromiso adquirido recientemente por su Presidente, Antonio Cosculluela, con las familias afectadas por el cierre del cuartel Sancho Ramírez de Huesca con la aprobación por unanimidad de una propuesta institucional en la que se defiende el mantenimiento en la ciudad de Huesca de dicho acuertelamiento así como se apuesta por evitar el traslado de la Jefatura de Tropas de Montaña de Huesca.

Antonio Cosculluela ha argumentado la importancia de que esta propuesta salga respaldada por los tres grupos que conforman la corporación provincial pero ha sido claro al añadir que “la responsabilidad de estos anuncios proviene del Gobierno de España, gobernado por el Partido Popular, que ha tomado una decisión a espaldas y sin consultar a los afectados, en este caso las familias del cuartel, ni consultar a las autoridades y responsables políticos de esta provincia”.

Por tal motivo, el Presidente de la Diputación de Huesca, al finalizar la sesión plenaria, ha añadido: “también le pido a la Presidenta de Aragón que apoye a Huesca en esta reivindicación, pues no nos vale que diga que Aragón en su conjunto no va a perder efectivos militares si luego se los lleva a Zaragoza”. “No nos satisface esa respuesta; queremos un compromiso de la Presidenta de Aragón y un compromiso del Ministro de Defensa por escrito diciendo que ese plan de deslocalización de las unidades militares no sea efectivo”, ha dicho Antonio Cosculluela.

Durante la sesión plenaria, miembros de la Plataforma de afectados por el cierre del Cuartel Sancho Ramírez han asistido como público al debate. Con ellos estaba otro colectivo que hoy quería conocer el resultado de la votación de la iniciativa sobre comedores escolares en colegios rurales de la provincia de Huesca. Padres de alumnos de algunos de estos centros, como el colegio de Siétamo, así como el alcalde de Lupiñén, han asistido al debate. La propuesta de resolución la ha presentado el grupo socialista y ha obtenido el respaldo del PAR. El PP ha votado en contra.

La diputada que ha defendido esta iniciativa ha sido Elisa Sanjuán y en primer lugar ha exigido al Gobierno de Aragón que sea “transparente y clarifique el número de ayuntamientos a los que ha suprimido estos convenios que se pusieron en marcha para atender las necesidades en los colegios rurales en localidades con escasa población infantil y aseguraba así un servicio público que para las familias de los pueblos garantizaba el comedor escolar”. Elisa Sanjuán ha lamentado la falta de voluntad política del Gobierno de Aragón y ha pedido “el mantenimiento y reforzamiento de este tipo de convenios para evitar que se pierda población en los pueblos”.