Alto Aragón en Común exige que la gestión de la central hidroeléctrica de Campo (Huesca) sea pública de forma definitiva. Aunque Acciona ya ha hecho, formalmente, entrega a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de las instalaciones tras finalizar la concesión, esta confluencia ciudadana cuestiona que el Gobierno limite a dos años el periodo de gestión pública y que no se incluya en ella a las administraciones locales afectadas que, considera, deben beneficiarse directamente de estas infraestructuras que soportan sus territorios.

La plataforma oscense reclama que las concesiones de caudales para la producción energética, que fueron otorgadas en el Pirineo aragonés hace alrededor de 75 años, y que caducan próximamente o han caducado ya, pasen de forma definitiva a fórmulas de gestión públicas ya que, esta medida, señala, además de aportar recursos económicos a las arcas de las administraciones, “posibilitaría un mayor control por parte de la sociedad de un recurso clave como es la energía”. Para ello, considera, sería necesario articular estructuras gestoras de las mismas desde la administración.

La petición de Alto Aragón en Común, que ha llevado al Congreso en numerosas ocasiones este tema a través del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Común-En Marea, en el que se integra su diputado Jorge Luis Bail, abarca no sólo la necesidad de que la gestión de tan importante recurso sea pública, sino que también recoge las exigencias de las personas que viven en los territorios afectados por la instalación de dichas infraestructuras de que “las reversiones de dichas concesiones deberían garantizar reinversiones en las zonas afectadas por las presas” y que permitiría, además, diversificar la procedencia de la energía, “reduciendo así el carácter de oligopolio privado que tiene en la actualidad el sistema eléctrico”, y aumentando la soberanía energética del país.

La CHE gestionará por un periodo máximo de dos años las instalaciones de la central auxiliar de Campo -que disponen de una potencia total de 1.670 kilovatios y son capaces de turbinar un caudal de 20 metros cúbicos por segundo- hasta que se ponga en marcha otro concurso público para una nueva adjudicación para su aprovechamiento. Actualmente aún pesa sobre dicho proceso de reversión un recurso contencioso administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional por parte de la empresa adjudicataria, Acciona, que reclama la nulidad de la resolución por la que se declara extinta la concesión.
El Gobierno, denuncia Alto Aragón en Común, busca “beneficiar a las empresas eléctricas” con nuevas concesiones, antes que a las estructuras y servicios públicos, y, recuerda que anteriormente ha dilatado innecesariamente procesos de reversión de centrales como los de Urdiceto o Barrosa, o como el de Lafortunada que “dejó caducar en dos ocasiones, con importantes pérdidas para las arcas públicas”, todos ellos sin concluir.