Huesca, 8 de octubre de 2016. El 2 de marzo de 2009, Vicente Baldellou, director del Museo Arqueológico Provincial de Huesca, se dirige hacia el despoblado de Bastarás con Joan Bernabeu, catedrático de la Universidad de Valencia, para mostrarle el yacimiento neolítico de la cueva de Chaves. En ese momento, Baldellou, quien había dedicado parte de su vida profesional a estudiar este yacimiento, se encuentra ante la destrucción completa del mismo.

“No sé si cuando se murió mi padre tuve más disgusto”, es como describe Baldellou el momento en el que conoce la destrucción del yacimiento neolítico de la cueva de Chaves, tal como se puede ver en el documental “Chaves, la memoria expoliada”.

Según Baldellou, este yacimiento sería el primer asentamiento en Aragón de una economía basada en la agricultura y la ganadería, prácticas que no llegarían a Zaragoza y Teruel hasta unos 500 años después. Era, junto a la Cova de l’Or, en la provincia de Alicante, el referente del neolítico en la Península y, según los científicos, uno de los más importantes de Europa. Juan Luis Arsuaga, paleoantropólogo y co-director del yacimiento de Atapuerca, considera que la Cueva Chaves sería al Neolítico lo que la cueva de Altamira al Paleolítico.

La importancia de la pérdida de este patrimonio cultural hizo que diversas entidades y asociaciones conservacionistas reaccionaran denunciando este acto y pidiendo responsabilidades sobre el mismo. Así, el 21 de septiembre de 2016 comenzó, en Huesca, la causa contra el único imputado,Victorino Alonso, presunto propietario de la finca y vinculado a la sociedad Fimbas, que gestiona el coto de caza vallado donde se ubicaba el yacimiento, y a la empresa Ferpi, la encargada de hacer las obras que provocaron su destrucción. Ambas están incluidas en el auto como responsables civiles subsidiarias.

Ecologistas en Acción es una de las asociaciones, junto a Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y al Gobierno de Aragón, como actor civil, que se personaron como acusación en el juicio.

Las malas relaciones entre Ecologistas en Acción y la sociedad Fimbas, gestora del coto de caza donde se encontraba la cueva de Chaves, ya venían de mucho antes de que se conociera la destrucción de ésta. Chesús Ferrer, coordinador de Ecologistas en Acción en esa época, explica que, cuando nació esta asociación, “cogió el testigo de las denuncias que ya llevaban haciendo los montañeros contra el coto de caza”. Entre otras cosas, se había denunciado que se había levantado un vallado en el perímetro de la finca que “cogía monte público, caminos públicos, ríos,…” y que imposibilitaba que las personas accedieran a estos espacios naturales públicos.

En 1974, según nos cuenta Ferrer, una inmobiliaria reunió “a todos los dueños de las tierras del pueblo de Bastarás, donde solo quedaba un habitante, Marcelino Cebollero, y compró todos los terrenos del municipio y lo puso a la venta”. Así, “de la inmobiliaria pasó a la familia Raventós (Codorniu) y luego pasa a la familia Lafayet (BIC). Siempre ha sido un coto de familias muy relacionadas con la caza que han tenido allí su cortijo. Luego estuvo unos años que no se pudo vender y ya fue cuando la adquirió gente del entorno de Victorino Alonso”.

A partir de este momento, las denuncias de los ecologistas fueron en aumento,aunque desconocían el por qué del incremento de los delitos ambientales que se iban sucediendo “todo indicaba que en la finca había habido un cambio de dueño y había otra forma de actuar”.

Ferrer indica que los daños ambientales que se han hecho en esa finca son incalculables. “Durante más de tres años, máquinas pesadas, de las que se utilizan para construir autovías o explanar, por ejemplo, la pista de aterrizaje del aeropuerto de Huesca, estuvieron sin ningún tipo de control, sólo a las órdenes del cacique de turno para hacer un camino nuevo, para roturar un campo, para cultivar algo para pedir subvenciones o para criar alimento para los animales que tienen ahí. Los guardas iban un día y al día siguiente continuaban las máquinas”. Apunta que no se habría llegado a esta situación si no hubiera sido por “la pasividad del Gobierno de Aragón”.

Desde Ecologistas en Acción relacionaron, desde el principio, estas obras con la destrucción de la cueva. En “las diligencias previas ya decíamos que las obras son las mismas. A la cueva de Chaves, antes no llegaba ningún camino y ahora llega uno bestial y salvaje, y ha hecho falta hacer una presa y un camino de 8 metros de ancho”. Por ello, Ecologistas en Acción solicita dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsable de un delito contra el patrimonio y de otro delito contra el medio ambiente. “Aunque en el juicio hemos podido hablar de este delito ambiental, no creemos que en la sentencia cuente para nada”, añade Ferrer.

En el momento que se conoció la destrucción de la cueva de Chaves, Ecologistas en Acción apuntó como responsable de la misma a Victorino Alonso cuando “supimos que la maquinaria era de Ferpi”, manifiesta Ferrer. Otros colectivos ecologistas, sobre todo en León, habían intentado, sin éxito, responsabilizar a Alonso de otros delitos ambientales. Por eso les resultó sorprendente cuando lo encausaron porque “nosotros, desde el principio, pensábamos que era él pero es que es una persona muy difícil de llegar porque es administrador de las fincas de hecho, no de derecho. No suele aparecer en los papeles, aunque luego durante el juicio se le ha visto relación con algunos documentos y cartas, que es por lo que al final ha sido imputado. El hecho de que fuera imputado fue para nosotros un avance porque pensábamos que lo tendría todo mejor atado para que no se pudiera llegar a él”.

EL JUICIO

El primer día de juicio, la primera sesión fue el turno de la defensa. Cuenta Ferrer que “Victorino Alonso y otros testigos, que seguían su juego, intentaban culpabilizar a una persona ya fallecida, Vicente Baldellou, que era una bellísima persona”. La defensa alegaba que el arqueólogo, en alguna ocasión, “dio a entender a la empresa que tenían que quitar las rocas de la cueva, pero esto es algo realmente ilógico. Una persona que lleva años excavando una cueva con “pincelitos” es imposible que autorice, y más sin estar él, que entre un bulldozer y saque 3000 metros cúbicos de tierra. Es inconcebible pero la defensa se ha agarrado a eso”. En la segunda sesión, todos los testigos, entre los que se encontraba Ferrer, exculparon a Vicente Baldellou.

Al día siguiente, el juicio continuó con las declaraciones de Juan Luis Arsuaga, codirector del yacimiento de Atapuerca, que, según Ferrer, “contó la destrucción de la cueva como una desgracia personal”. También, testificaron los arqueólogos de la defensa, que en relación con los otros arqueólogos que habían declarado anteriormente, era “como traer a Pepe Gotera y Otilio”. Explica que “de una manera un poco tonta y burda cargaron contra los arqueólogos que llevaban 30 años excavando, redujeron el valor de los 14 millones de euros, que se hizo de un primer informe de lo perdido en Chaves, o del de Baldellou, máxima referencia del neolítico y responsable de la excavación de la cueva, que lo estimaba en 51 millones de euros, y llegan estos y lo tasan en 20.000 ó 30.000 euros».

Añadió que “son arqueológos que se denominan de urgencia, que nada tiene que ver con la arqueología de la investigación científica. Estas personas estuvieron dos horas en la cueva de Chaves, ya destrozada, y sin autorización. No hablaron con ninguno de los arqueólogos que estuvieron en las excavaciones, no habían consultado la documentación que hay sobre la cueva de Chaves, no habían hecho nada. Intentaron crear un ambiente de desprestigiar a los otros testigos de una manera muy burda y quedó patente que no se podían tomar en consideración”.

Victorino Alonso, sentado, escuchando a uno de los testigos durante el juicio.

Ecologistas en Acción pretendían con este juicio evidenciar “que Victorino Alonso fue quien dio la orden y que lo hizo con conocimiento de lo que estaba haciendo y el valor que tiene la cueva, creo, que ha quedado suficientemente demostrado”. Aunque la intención de la asociación era que también se hubieran imputado “los “hombres de paja” que utiliza Victorino Alonso para poder hacer estas cosas. El juez instructor no los consideró responsables pero, desde nuestro punto de vista, una persona figura en un papel como administrador de una empresa y bajo su responsabilidad se comete un delito de estas características, esa persona es responsable del delito que se está cometiendo. Pero hemos visto que los administradores de las empresas de Victorino no pintaban nada, ni tienen, según ellos, ninguna información sobre las empresas. La gente que ha administrado la finca de Bastarás, según ellos, han estado solo una vez allí, no conocían ni los nombres de los trabajadores. Es más, los administradores de las empresas de Victorino, durante el juicio han dicho que no sabían ni quienes eran los accionistas de la empresa. Es un juego para confundir y permiten que gente pueda delinquir dando ellos la cara. En el juicio se ha visto claramente que son igualmente responsables”.

Durante el proceso judicial, algunas personas testificaron que la orden de destruir el yacimiento la dio Alonso dentro de la cueva, mientras que él declaró, en el proceso instructor, que sólo había estado dos veces dentro con posterioridad a la destrucción. “¿A quién te crees?”, pregunta Ferrer.

Uno de los argumentos de la defensa es que Alonso iba muy raramente a cazar a la finca. “Esto en el juicio también ha quedado descartado porque en la zona todo el mundo lo conoce, en el bar de Panzano lo conocen mucho. Incluso el encargado de la finca llegó a decir que la casa donde dormía era del propio Victorino”, explica Ferrer.

Otro argumento que esgrimía la defensa era que las relaciones de Alonso con la empresa eran siempre de favor, pero según Ferrer, esto también se desmonta en el jucio ya que “los teléfonos de la empresa Fimsa los pagaba otra empresa de Victorino, dice que es un favor que hace; cuando firma un contrato de uso de unos terrenos para caza de un pueblo de al lado, que firma Fimbas, lo firma Victorino, y dice que es un favor porque el administrador no podía venir y como Victorino estaba por ahí cazando, le pidieron el favor de que fuera él a firmar la gestión del terreno sin que pinte nada en la empresa. O también cuando va al Gobierno de Aragón a pedir la permuta de unos terrenos cuando se pidió la retirada de la valla del monte público, querían que les dieran a cambio otro terreno, y fue Victorino Alonso a negociar al Gobierno de Aragón esa permuta. Los funcionarios del Gobierno de Aragón declararon que, en todo momento, se comportaba como si fuera el propietario de la finca y con conocimiento de lo que se estaba hablando, y esto también lo consideran como otro favor que le hizo a la empresa. Estaba por ahí cazando y dijo “voy al Gobierno de Aragón, os gestiono esto y no os preocupéis”. Hay bastantes más relaciones que se han encontrado con la empresa y que consideran favores. Si no fuera tan serio lo que estamos hablando parecería de risa”.

Ferrer concluye que lo que vio en el juicio es que “para los medios de comunicación, la noticia es que estuviera Victorino Alonso imputado pero no se ha conseguido ser conscientes de lo que allí se destruyó. Porque si fuéramos conscientes, tendría que salir en los informativos estatales y en las portadas de los periódicos. Se puede hacer un cálculo aproximado de la cerámica o de las piezas encontradas, pero al valor del conocimiento no se le puede poner un precio”.

LA FINCA DE BASTARÁS

Mientras tanto, en la finca de Bastarás, apunta Ferrer, que sigue habiendo importantes impactos ambientales. El primero de ellos “es el vallado, para meter animales alóctonos que no se encuentran de forma natural”. Además, como se ha indicado, la valla no permite el acceso a los espacios naturales públicos y protegidos que se encuentran dentro de la finca.

En cuanto a la actividad de caza que se lleva dentro de este espacio protegido le parece “bochornosa y repugnante”. “Al poner especies extensivas de caza, ahí se produce algo que está regulado por la ley de caza pero que ni siquiera las federaciones de caza reconocen como caza, que es criar a los animales como si fuera ganado doméstico. Los pastorean, los llevan de un pasto a otro, los estabulan, que eso tiene relación directa con la cueva, porque parece que se destruyó para poner dentro el ganado. Al no tener ningún depredador hay mucha carga ganadera, lo que hace que la vegetación escasee.

Se llama caza, pero son animales que han estado alimentados por la mano del hombre, que han sido cuidados e incluso curados, que no huyen, por lo cual los gestores de la finca aseguran al cazador, caza segura porque el animal no huye. Y en caso de que el animal huyera, como está todo vallado, se le quita al animal la única defensa que tiene delante de un cazador”, prosigue Ferrer.

La finca está dentro del plan de protección tanto del quebrantahuesos como del cangrejo de río, ambas especies consideradas en peligro de extinción en Aragón. Ferrer cuenta un caso en el que había que rescatar un pollo quebrantahuesos de un nido del interior de la finca y se creó un protocolo de emergencia donde fueron miembros de la guarda forestal, miembros de GREIM de la Guardia Civil y la propia directora general de Desarrollo Sostenible y Biodiversidad en el Gobierno de Aragón de aquella época, Anabel Lasheras, y ”nos encontramos que la propiedad de la finca no nos dejaron entrar a buscar el pollo. Puede haber propiedad privada en un espacio protegido pero tiene que estar al servicio de la normativa medioambiental, y aquí está demostrado que es al revés. Los guardas forestales e incluso el SEPRONA tienen que pedir permiso para entrar en la finca, con lo cual nunca pueden entrar a hacer inspecciones por sorpresa. Durante el juicio, trabajadores de la finca han reconocido que escondían máquinas al SEPRONA”.

En breve se conocerá la setencia contra Victorino Alonso, a quien el juez instructor encausó como presunto responsable de la destrucción del yacimiento arqueológico. La fiscalía solicitó para Alonso una condena de 2 años y 8 meses de prisión y reclamó una indemnización de 14,3 millones, de acuerdo con el contenido de uno de los informes periciales aportados por el Gobierno aragonés a la causa.

Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclamó a su vez para el empresario 3 años de prisión, multa de 288.000 euros y el pago de una indemnización de 50,9 millones de euros como presunto responsable de la destrucción de la cueva de Chaves. Esta indemnización es la misma que plantea Ecologistas en Acción y el Gobierno aragonés, y es la valoración de los daños causados que consta en el primer informe que realizó el fallecido director del Museo de Huesca Vicente Baldellou.

Ecologistas en Acción solicitó, a su vez. dos condenas de tres años de prisión para Alonso como presunto responsables de un delito contra el patrimonio y de otro contra el medio ambiente.

Por último, el Gobierno de Aragón reclamó el pago de la indemnización de 50,9 millones, según el informe que realizó Baldellou, y, subsidiariamente, la de 14,3 millones establecida en el segundo de los informes periciales presentados.