La desestimación del Ayuntamiento de Huesca en el pleno del pasado 29 de enero de las solicitudes de cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de Aragón han generado dos demandas abocadas a los tribunales. La primera ya ha sido presentada como recurso contencioso administrativo, la segunda, en período de recusación, generará otro pleito si no son atendidas las solicitudes de cambio de nombres de calles y eliminación de vestigios franquistas de la ciudad.

El Colectivo Ciudadano de Huesca, la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, ARMHA, y la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, así como personas a título particular han denunciado al Ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Huesca en primera instancia, por el mantenimiento en el callejero de los nombres de los exalcaldes de la dictadura José María Lacasa Coarasa, Mariano Ponz y Mateo Estaún Llanas, así como por la resignificación de la Plaza Zaragoza, Porches de Galicia, Calle Rioja y Federico Mayo, igualmente ante la negativa a retirar la placa de exaltación del régimen ubicada en el patio de la casa consistorial.

Los mismos recurrentes, por idéntica vulneración de la Ley de Memoria Democrática aragonesa, han presentado un recurso de reposición, previo al contencioso, contra otro acuerdo adoptado en la misma sesión plenaria para mantener en el nomenclátor denominaciones contrarias a la memoria, en este caso las que hacen referencia a los exalcaldes Pedro Sopena, Vicente Campo, José Gil Cávez y Emilio Miravé, así como personajes de honda raíz y arraigo con el franquismo tales como José Castán Tobeñas y Ricardo del Arco.

Los acuerdos adoptados por el pleno obedecen, según la decisión desestimatoria firmada por el alcalde, a los informes elaborados por la archivera municipal, contrarios a las pretensiones de los solicitantes. A este respecto, los recursos señalan que las decisiones de mantener en el repertorio tales formulaciones antidemocráticas tienen carácter político, emanado de la autoridad y jerarquía del alcalde, manifiestamente contrario a la aplicación de la Ley de Memoria. Por otra parte, la empleada municipal, especialista en Historia Medieval, carece de autoridad académica y científica para dictaminar acerca de cuestiones que competen a especialistas en Historia Contemporánea, por lo que tales informes han sido recusados.

El Colectivo Ciudadano, ARMHA, Apudepa y ciudadanos como los historiadores José María Azpíroz o Juan Mainer, entre otros, han recurrido a los tribunales denunciando el incumplimiento flagrante de las leyes de memoria y, al tiempo, plantean el arbitrio de una comisión de historiadores especializados que podría ser propuesta por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, de manera que con carácter independiente y conocimiento de la realidad política, social, cultural y las circunstancias de toda índole que siguieron a la victoria franquista tras la Guerra de España de 1936-1939, elaboren un dictamen ajustado a las leyes de memoria, el respeto de los Derechos Humanos y los principios irrenunciables de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición enunciados en la Ley aragonesa.

Precisamente, esos pilares básicos de convivencia constituyen el eje del manifiesto titulado “La memoria democrática, una exigencia ética y política” a través del que los denunciantes han recabado solidaridad, apoyo y también contribución económica para hacer frente a los gastos judiciales, del mundo intelectual, memorialista y cívico también latinoamericano y francés, a fin de denunciar el incumplimiento de las instituciones en este ámbito y exigir una reflexión y cambio de actitud al respecto.

Más de dos centenares de firmas individuales avalan el documento, entre las que cabe destacar a los historiadores Paul Preston, Enzo Traverso, Julián Casanova, Francisco Espinosa, Miren Etxezarreta, Herminio Lafoz o Eloy Fernández Clemente; filósofos y profesores como Jorge Riechmann, Reyes Mate, Carlos Taibo Arias, José Luis Ledesma, Xosé Manuel Souto, Alberto Reig Tapia, Mirta Núñez, Irene Abad y también escritores y estudiosos de la talla de Ian Gibson, Antonina Rodrigo y Ánchel Conte.

En el apartado de adhesiones suscritas por colectivos casi medio centenar rubrican el documento reivindicativo. El largo listado ha sido remitido al Ayuntamiento como aval para abundar en la entidad y solvencia de los recursos planteados.

Cabe señalar, finalmente, que los recurrentes han solicitado el amparo del secretario de Estado de Memoria Democrática Fernando Martínez López, al que se han remitido los acuerdos desestimatorios elaborados por el Ayuntamiento, así como las reiteradas denuncias rubricadas ante el manifiesto atropello del equipo de gobierno municipal a las leyes de memoria y la incapacidad del Gobierno de Aragón y la Dirección General de Patrimonio para poner en marcha los mecanismos de gestión y control memorialista que determina la Ley.