La opinión del Defensor del Pueblo, no vinculante, considera que existe una irregularidad en la forma en que se repiten año tras año las autorizaciones excepcionales al uso de plaguicidas prohibidos y no autorizados. Por ello, exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación un mayor control sobre el uso de los productos autorizados excepcionalmente.

La institución denuncia la falta de transparencia del procedimiento así como su incorrecta justificación, lo que le lleva a “pensar que no existe una situación de emergencia o un riesgo imprevisible” que justifique el uso de sustancias con potencial de causar daños a la naturaleza y a la salud.

En su resolución, el Defensor del Pueblo emite siete sugerencias al Ministerio, entre ellas la necesidad de informar a la ciudadanía de las autorizaciones excepcionales que se emitan así como de los estudios técnicos y  análisis que las justifican.

El Defensor del Pueblo va más allá en el caso del insecticida clotianidina, prohibido en Europa desde 2018 para el cultivo de la remolacha azucarera por su toxicidad para las abejas. En este caso, la institución ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que revoque la autorización excepcional del año 2021.

En cuanto a las comunidades autónomas, que son quienes solicitan las autorizaciones, el Defensor sugiere que, antes de autorizarse, la Abogacía del Estado emita un dictamen favorable sobre los borradores de los acuerdos. También que se refuercen los mecanismos de inspección, vigilancia, control y sanción en caso de incumplimiento.

Koldo Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción: “Celebramos estas sugerencias del Defensor del Pueblo. Es urgente que el Ministerio tome nota de ellas y cambie su forma de autorizar plaguicidas prohibidos y no autorizados, que cada año se emiten con demasiada ligereza. Sin ir más lejos, el 31 % de los plaguicidas encontrados en los alimentos españoles son sustancias nocivas autorizadas de manera excepcional”.