El presidente de CHA y portavoz en Cortes de Aragón, Joaquín Palacín, acompañado por el Secretario Territorial de CHA-Alto Aragón han mantenido una reunión con el presidente de CHA-Ribagorza, José Antonio Pueyo, y con Fernando Marqués, presidente de CHA-La Litera/La Llitera, para conocer las graves consecuencias que tendrá el nuevo mapa concesional estatal de servicios regulares de autobuses, que dejará sin ese servicio de autobús a 134.502 aragoneses de 151 municipios, de los cuales 19 son en la comarca ribagorzana (Arén, Benabarre, Benasque, Castejón de Sos, Campo, Estopiñán del Castillo, Foradada del Toscar, Graus, Montanuy, Perarrúa, Puente de Montañana, Sahún, Santaliestra, Seira, Sopeira, Tolva, Viacamp-Litera y Villanova) y 9 de La Litera/La Llitera (Albelda, Alcampell, Azanuy-Alins, Baells, Castillonroy, Esplús, Peralta de Calasanz, San Esteban de Litera, y Vencillón) un recorte brutal respecto a la situación actual.

“Estas líneas de autobús unen localidades de diferentes comunidades autónomas, como ocurre en las comarcas orientales de Aragón, donde este servicio es fundamental para acceder a servicios básicos, sanitarios, educativos, comerciales… de municipios catalanes o de Lérida capital por ejemplo”, ha explicado trasmitido el presidente de CHA y portavoz en Cortes de Aragón, Joaquín Palacín.

“Por ello queremos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana rectifique la propuesta de nuevo mapa de concesiones de corredores de redes de autobuses con el fin de garantizar el derecho a la movilidad de las personas, contribuyendo a fomentar un transporte más sostenible, evitando cualquier recorte de los servicios prestados en la actualidad y mejorando, cuando sea posible, las condiciones de los autobuses, los horarios, la frecuencia y los equipamientos dispuestos en las paradas, especialmente en aquellas zonas que por las peculiaridades de sus situación demográfica, baja densidad y envejecimiento poblacional, necesitan de una dotación de líneas de servicio público de autobús, como en los casos de Ribagorza y La Litera/La Llitera”, ha afirmado Palacín.

“Reclamamos al Gobierno de España que estas medidas se tomen de manera coordinada y común con el Gobierno de Aragón, para garantizar la eficacia de las inversiones en el transporte público, logrando una mayor calidad en el mismo y es que menos mal que el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha sido previsor y ya ha incluido en sus 19 concesiones pendientes de adjudicación que las compañías deberán cubrir todos los núcleos con más de 10 habitantes a partir de la entrada en servicio el próximo año”, ha explicado Palacín.

Palacín ha recordado que “es que es sabido que desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda se impulsa un mapa pionero para la reorganización de las líneas, aumentando considerablemente los servicios y las localidades a las que se les presta servicio (cubrirá 1.342 núcleos de población, todos los que tienen más de 10 habitantes, lo que suponen 403 núcleos más que hasta ahora, de los cuales 278 son del Alto Aragón, ofertando transporte público al 99,93% de los aragoneses), aumentando también la dotación presupuestaria, todo ello partiendo de una situación caduca y obsoleta para aumentar el servicio y adaptarlo a las necesidades de acceso a los servicios públicos, un planteamiento totalmente diferente al del Gobierno de España, que reduce los servicios de conexión de los municipios aragoneses con los municipios de otras Comunidades Autónomas”.

Para el presidente de CHA, “una vez más el Gobierno de España da la espalda a la nuestra realidad poblacional y territorial, con una decisión tomada desde Madrid sin tener en cuenta la singularidad territorial y demográfica de Aragón, con casi el 10% del territorio del Estado y una población dispersa y envejecida, para la que el autobús es un medio de transporte fundamental por su potencial vertebrador, y es que un gobierno que se dice progresista no puede supeditar la rentabilidad social a la económica, dejando sin servicio a miles de aragoneses que ahora si tenían un servicio de autobús financiado por el Gobierno Central”.