El grupo de trabajo de la DPH para estudiar los asuntos relacionados con el agua y energía en la provincia de Huesca ha planteado, tras su reciente constitución, una propuesta para que se regule por ley la restitución social y territorial en la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos. Así lo ha transmitido el Presidente de la DPH, Miguel Gracia, a los portavoces de los cuatro grupos políticos que conforman esta corporación: José Luis Gállego (PSOE), José Antonio Lagüens (PP), Joaquín Serrano (PAR) y Luis Arduña (Cambiar Huesca).

Este grupo de trabajo considera fundamental una modificación de la normativa al respeto y pide que se incluya un nuevo artículo el la Ley de Aguas que recoja expresamente el destino de los rendimientos procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos o de las reservas de agua, así como la participación en la decisiones de las entidades locales.

La propuesta que se va a trasladar al Congreso de los Diputados se traduce en incluir un nuevo capítulo dentro del Título VIII del Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Así, se insta a que la ley incluya que “los rendimientos que obtenga el Organismo de cuenca procedentes de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se destinarán preferentemente a la restitución económica y social del territorio que los genera, así como también a la restauración medioambiental, la modernización y eficiencia de regadíos y las necesidades energéticas de los servicios públicos de gestión del agua en la cuenca”.

Valorada la documentación al respecto, considera también este grupo de trabajo que la modificación legislativa ha de incluir el destino de los rendimientos obtenidos por el Organismo de Cuenca de la reserva energética: “se destinarán en su integridad a la restitución económica y social del territorio que los genera y soporta las afecciones directa o indirectamente. Los ingresos por otros conceptos derivados de la explotación de aprovechamientos hidroeléctricos se invertirán en obras o servicios del territorio afectado en un porcentaje no inferior al 20% de los mismos”.

Asimismo, la modificación legislativa ha de incluir la toma de consideración de las entidades locales, que queda plasmada en el articulado que define que “en la determinación de las obras o servicios a financiar se garantizará la participación de las entidades locales afectadas. Igualmente las entidades locales podrán ser beneficiarias de transferencias financieras con cargo al porcentaje y destino citados”.

Se trata, como han explicado en su propuesta, de dar “una expresa garantía legal para todas las cuencas, sin estar al albur de lo que los planes hidrológicos fijen o no;
cumpliendo así con los principios de justicia, equidad y recuperación de costes”.

Es un nuevo paso en el compromiso de la Diputación de Huesca a la hora de impulsar todas aquellas acciones que den respuesta a las demandas planteadas por zonas de montaña que soportan instalaciones de generación de energía hidroeléctrica que satisfacen las necesidades de otras zonas, sobre todo grandes poblaciones.

Los portavoces de los cuatro grupos políticos de la DPH respaldan esta iniciativa que emana de las necesidades planteadas por ayuntamientos y por colectivos como ADELPA a esta Diputación.

Esta es una de las primeras acciones del grupo de trabajo que la Diputación de Huesca decidió crear a finales del pasado año con el fin de analizar la realidad que padecen las zonas rurales de montaña con presas e instalaciones de aprovechamientos hidroeléctricos, atendiendo las demandas de ayuntamientos y de colectivos como ADELPA que instaron a la DPH a realizar cuantas iniciativas estuvieran en su alcance.

En el caso concreto del Pirineo aragonés, en las cabeceras de los ríos Aragón, Gállego, Cinca, Ésera y Noguera, es decir, en las cinco cuencas que comprenden el territorio pirenaico de la provincia de Huesca, se construyó, entre los años 1912 y 1977, un conjunto de centrales hidroeléctricas y presas a su servicio (no menos de 35 actuaciones).

Las instalaciones generan entre 1.300 y 2.200 Gwh/año, lo que supone más del 5% de la producción total hidroeléctrica de España.