Las entidades que constituyen la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca —Asociación de Vecinos Osce Biella, Federación de Barrios Osca XXI, Colectivo Ciudadano y Apudepa— presentaron el pasado mes de diciembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado solicitando la intervención del fiscal de sala de Medio Ambiente y Urbanismo a fin de paralizar las acciones de derribo previstas por el Ayuntamiento en el antiguo Seminario. En concreto, la Plataforma solicitó en su escrito la anulación de las demoliciones proyectadas en el estudio de detalle aprobado por el pleno municipal para la manzana del Seminario.

El fiscal de sala de Urbanismo, Antonio Colmenarejo Frutos, acusó recibo de la demanda y le dio curso abriendo un período de información complementaria a la presentada por la Plataforma, entre otros documentos, las distintas resoluciones dictadas por la Dirección General de Patrimonio otorgando protección a la iglesia, declarada BIC, muros exteriores, segundo patio porticado y la superficie del conjunto, señalada como zona de prevención arqueológica. Asimismo, se puso de relieve ante la Fiscalía la inobservancia del Ayuntamiento en cuanto a lo estipulado en el Decreto 1512 de 24 de junio de 1971 por el que se declara conjunto histórico artístico, en la categoría de BIC, el casco antiguo de la ciudad, así como distintos convenios y normativa europea de protección suscrita por España.

Así las cosas, la Plataforma considera de todo punto improcedente el anuncio realizado por el alcalde junto al rector José Antonio Mayoral, respecto a la “inmediata firma” de las obras del Seminario, no solo por el hecho de que el proyecto de derribo de un patio del siglo XVI y otras importantes instancias del conjunto se encuentre judicializado, también porque el rector de la Universidad de Zaragoza la representa en funciones, dado que se encuentra en período electoral.

Para la Plataforma, el Ayuntamiento, refractario a la participación, no ha querido hacer suyo el riguroso estudio histórico impulsado por la sociedad oscense a través de entidades ciudadanas de relevante arraigo social, además se ha mostrado contrario a los criterios de la propia Dirección General de Patrimonio a lo largo del proceso administrativo que ha servido para lograr la preservación de parte del inmueble.

Cabe recordar, por último, que la misma Fiscalía de Patrimonio a la que se solicita amparo, abrió diligencias para determinar las circunstancias de la declaración de ruina del edificio de la plaza de san Pedro, cuya fachada es preciso conservar frente al criterio de demolición promovido por el Ayuntamiento.