En noviembre del pasado año se recibió una denuncia en el Seprona de la Guardia Civil en Fraga, el cual inició una investigación, que consistió en un primer lugar en un análisis detallado de un video que había sido colgado en una página de internet y que según los datos obrantes se trataba de una ruta en 4×4 por la zona de los Monegros y se habría llevado a cabo a comienzos del mes de octubre del año 2015.
En la grabación se podía observar cómo se cometían numerosas infracciones a la legislación vigente en materia de medio ambiente, como serían circular con vehículos a motor fuera de camino o pista, erosión de la cubierta vegetal y daños sobre especies arbóreas (pino carrasco), destrucción de especies arbustivas (tomillo, romero, etc), vadeo y circulación sobre el lecho del río Alcanadre, circulación sobre balsas de agua para ganado, dañando la propia estructura y su fauna acuática, así como en el fondo.
Por la patrulla del Seprona de la Guardia Civil se realizaron comprobaciones de los lugares en los que se desarrolló la carrera durante varios días, pudiendo comprobar los daños ocasionados.
Uno de los lugares localizado en el video y posteriormente in situ fueron los montículos anexos a la laguna de Candasnos, zona conocida como “Hondo de la Unilla” que se encuentran incluidos en la Red Natural de Aragón, quedando prohibida mediante señalización la realización de ruidos entre otras actividades.
La forma en que se publicó el video trasmitían al espectador cierta sensación de impunidad por parte de los autores, los cuales no adoptaban ninguna medida que evitara su identificación, localizando otros videos organizados por el mismo club, grabados en Cataluña, donde se extremaban las precauciones en la manipulación de las imágenes para evitar el reconocimiento de los autores.
La carrera se encontraba perfectamente organizada por un club catalán, que se encargaba de publicitar el rally y conseguir participantes.
Por los hechos expuestos se procedió a formular 57 denuncias administrativa ante el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de la DGA y ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, a diferentes vecinos de Tarragona y Barcelona, que fueron identificados como propietarios de los vehículos.
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