La situación causada por la pandemia ha impedido a numerosos negocios a funcionar como de costumbre, obligándolos a adaptarse en un periodo de transición que, por el camino, ha dejado numerosas pérdidas. El problema es que, en muchos de estos casos, la situación ha llegado a tal extremo que ha impedido seguir con la actividad profesional.

Momentos críticos, desde luego, porque llevan a profesionales, sean autónomos o particulares, a tener que cesar su actividad laboral por la falta de liquidez. Aunque existen soluciones, mecanismos habilitados y recogidos por la ley moderna para dar algo de oxígeno y margen de maniobra incluso en momentos tan difíciles. La prueba está en la Ley de la Segunda Oportunidad, algo que está ayudando a muchísimos a remontar.

¿Qué es exactamente la Ley de la Segunda Oportunidad?

Acogerse a la ley de Segunda Oportunidad Zaragoza es muy recomendable, siempre y cuando se cuente con asesoramiento experto, es un procedimiento que requiere buenos conocimientos, tanto jurídicos como financieros, por lo que es preciso contar con abogados de segunda oportunidad en Zaragoza. No obstante, antes de aspirar siquiera a sacar partido de lo que ofrece, es importante saber en qué consiste exactamente y qué puede ofrecer a las personas que necesitan de su ayuda.

Como su nombre indica, esta ley es un mecanismo legal que permite tanto a autónomos como a particulares con deudas renegociarlas e incluso librarse de ellas. El concepto se planteó con el fin de permitir a quienes se encuentran en una situación grave de insolvencia, o incluso en quiebra, superar la situación para poder seguir adelante. La acumulación de deudas puede marcar por completo el futuro de una trayectoria profesional, impidiendo incluso que esta remonte. Con esta ley, trata de evitarse tal extremo para que emprendedores y profesionales puedan retomar la actividad.

Su objetivo principal es brindar una ayuda a todo aquel que haya demostrado previamente ser buen pagador pero que esté pasando por una situación excepcional (como la de este último año). Aunque no hay que confundirse, porque es una ley que también ampara a los acreedores y su derecho de cobro. No libra de la deuda, simplemente permite una renegociación con la que ambas partes salgan beneficiadas porque, al final, una persona insolvente directamente no puede pagar y queda marcada como morosas en los pertinentes registros.

Muy relacionado con la Ley de Segunda Oportunidad se encuentra el concurso de acreedores, Zaragoza cuenta con grandes profesionales especializados en una materia compleja, sometida a constantes modificaciones normativas que obligan a los expertos en el área concursal a mantenerse en continuo reciclaje, si está pensando en solicitar concurso de acreedores en zaragoza, le recomendamos que contacte con un despacho de la talla de Marceñido. Estos profesionales saben perfectamente cómo proceder y, en efecto, ayudan a trazar mejor la línea que separa el concurso de acreedores de la LSO.

Cómo acogerse a ella, los requisitos

Como toda ley y mecanismo legal, no todo el mundo puede solicitar acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Hacerlo es un proceso que, además de un buen asesoramiento legal, como ya hemos mencionado, exige cumplir una serie de factores clave. No son algo especialmente complejo, pero sí que mira muy de cerca a la naturaleza de la persona, sea física o no, endeudada.

El primer punto y más importante es que el montante total de deuda no puede superar los cinco millones de euros. Si la cifra es superior a esta, la LSO no puede actuar y, por tanto, deben buscarse otros mecanismos de renegociación con los acreedores, siempre y cuando accedan a ello. Por otra parte, es vital que exista una justificación para el impago. El deudor debe demostrar que no cuenta con el patrimonio suficiente como para poder hacer frente a las deudas porque, de lo contrario, se verá obligado a pagarlas en el menor tiempo posible.

El último punto es uno de los más importantes, ya que las deudas deben haber sido contraídas de buena fe. Para muchos, es el aspecto más confuso de todos, porque la buena fe es algo muy amplio y está abierto a muchas interpretaciones. De hecho, varía bastante por cada caso, así que vamos a ahondar un poco más en él para que no haya margen de dudas. Con un mecanismo tan potente y útil como esta ley, dejarlo todo bien claro es vital, porque nunca se sabe cuándo puede ser de utilidad.

Buena fe, el elemento clave

La conducta de buena fe está sujeta a varios elementos. El primero de ellos es el intento previo de alcanzar algún acuerdo de pagos de forma extrajudicial con los acreedores. El deudor debe haber intentado buscar una forma de saldar las deudas solicitando ampliación de plazos de pago, la negociación de alguna quita o cualquier otro mecanismo consensuado con los acreedores. El otro punto a valorar es que no haya ningún tipo de delito patrimonial o económico, incluso nos atreveríamos a decir que es uno de los puntos más importantes.

En caso de haber protagonizado algún delito de este tipo frente Hacienda o la Seguridad social en los últimos diez años, es imposible que se considere que la persona endeudada puede actuar de buena fe y, automáticamente, se rechaza la posibilidad de optar al mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad.

Hay dos aspectos más a tener en cuenta para valorar si hay buena fe o no en la conducta. El primero, ya tercero de la lista general, es no haberse acogido anteriormente a esta ley en la última década. El segundo y último es no haber sido declarado culpable en el concurso de acreedores, siendo este necesario en todo el proceso de acogerse a esta ley. En caso de que la persona deudora haya contraído sus deudas sabiendo ya de antemano que no podría pagarlas, o actuando sin la diligencia adecuada, no estaría actuando de buena fe.

Todo esto determina lo que se considera una conducta de buena fe y, consecuentemente, si alguien puede o no acogerse a la LSO.