Las asociaciones vecinales y entidades que integran la  consideran que la nefasta intervención arquitectónica en la casa más antigua de la ciudad, ejemplo de arquitectura vernácula del siglo XV, no debe quedar impune y frente a la tan complaciente como inexplicable actitud aprobatoria del derrumbe por parte de los servicios técnicos municipales, debe prevalecer la investigación anunciada por la Dirección General de Patrimonio. “Arruinar una fachada de 600 años en el corazón de la judería, es un atentado contra el patrimonio que no puede resolverse con una amonestación o una simbólica multa que siempre es más barata que utilizar los medios técnicos necesarios para evitar la demolición”, subrayan fuentes de la Plataforma.

La propiedad de la vivienda, precisamente los dos arquitectos redactores del proyecto constructivo, obtuvo licencia municipal y autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio para realizar “trabajos de consolidación, saneamiento y rehabilitación” en la fachada exterior con protección P3, “el único elemento que, a priori, cuenta con un interés específico –señalan en su propio informe– en lo que respecta a la conservación de su aspecto, materiales y composición”, haciendo hincapié en la “importancia del arco de ladrillo existente en la planta baja”.

Sin embargo, estas cautelas incorporadas al proyecto de construcción de la vivienda unifamiliar en el n.º 25 de la calle San Jorge, “no han impedido –advierte la Plataforma– que la mayor parte del lienzo de la fachada quedara convertida en un montón de escombros, aunque nunca se autorizó su demolición, como la propia directora general de Patrimonio ha admitido”. Escombros, cabe anotar, de donde posteriormente fueron rescatados algunos ladrillos con intención restauradora, aunque en consecuencia con el proceso sufrido se encuentran rotos en su mayoría.

“Además –insisten–, reconstruir no es rehabilitar, es hacer algo nuevo, política urbanística que va en contra de convenios internacionales suscritos por España y de los más elementales criterios en materia patrimonial. El Ayuntamiento de Huesca incumple de modo flagrante su obligación en la exigencia, o intervención con carácter subsidiario, del mantenimiento, conservación y decoro de los edificios en el casco antiguo y sus zonas de respeto”.

El momento del destrozo, por otra parte, no contó con la preceptiva presencia de un arqueólogo, por lo que toda la información que podría haber proporcionado la arqueología vertical se ha desvanecido por la acción inapelable de una pala excavadora. “La posibilidad de determinar con carácter definitivo si el inmueble en cuestión era o no era la sinagoga, se ha perdido para la historia de la ciudad, lamentablemente no se han podido estudiar materiales ni fases constructivas”, señalan los arqueólogos integrados en la Plataforma.

Los presidentes de la Asociación de Vecinos Osce Biella, Federación de Barrios Osca XXI, la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés Apudepa y el Colectivo Ciudadano de Huesca, han solicitado la personación en el expediente urbanístico municipal con el fin de acceder a toda la información relativa al proceso constructivo, así como los posibles hallazgos arqueológicos considerando que a una profundidad máxima de 1,8 m bajo el suelo de la judería es posible hallar el nivel romano. “Es preciso estar vigilantes –subrayan las mismas fuentes– dada la nula sensibilidad patrimonial que manifiestan los técnicos y políticos locales”.