La Ley de Patrimonio de Aragón en su artículo 39 establece que los ayuntamientos tienen la facultad de proceder a la expropiación forzosa de inmuebles ubicados en el entorno de un Bien de Interés Cultural, como es la iglesia de San Pedro y en un futuro inmediato el Círculo Católico, por causa de utilidad pública o interés social. Este procedimiento permitiría una solución más rápida y una gestión eficaz para San Salvador n.º 1 y plaza de San Pedro n.º 2, ámbito del centro histórico colapsado por el abandono del titular, la sociedad Masari, que los compró en 1998 con intenciones nunca materializadas. El tortuoso procedimiento de sustitución para el conjunto de Luces de Bohemia, también adquirido y registrado por esta empresa, tardó 14 años en sustanciarse y dio lugar a decenas de recursos judiciales.

Llama la atención de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio que el Ayuntamiento haya tardado tantos años en pronunciarse y ahora solo se haya interesado por la suerte de dos de las propiedades de Masari, las más céntricas de los barrios de San Pedro y la Catedral y precisamente contiguas, conformando una única superficie constructiva, cuando otro buen número de inmuebles adquiridos por la misma firma, han sido ya demolidos o se encuentran en estado de abandono y ruina sin que sean objeto de expediente de sustitución o procedimiento expropiatorio.

Cabe apuntar a este respecto, que sobre las viviendas “okupadas” de travesía Cortés 1, pende un expediente municipal de ruina frente a la solicitud para su declaración como BIC instada por la Asociación de Vecinos Osce Biella y suscrita por la Plataforma. Igualmente, se encuentra judicializado el derribo de la fachada de San Pedro 2, acerca del que debe manifestarse la Fiscalía General de Patrimonio.

La Asociación de Vecinos Osce Biella, así como las entidades que integran la Plataforma, viene reclamando con insistencia una política urbanística y patrimonial para el casco antiguo que cumpla los requerimientos que otorga la declaración de conjunto histórico y la propia Ley del Patrimonio aragonés. Este lamentable estado de cosas no solo es atribuible a la propiedad, también es consecuencia del incumplimiento por parte del Ayuntamiento de su obligación de “tutela y policía de los edificios, vigilando su estado, evitando el deterioro y la ruina de los mismos para su mantenimiento en adecuadas condiciones de ornato y decoro”, de acuerdo con la legislación en vigor.

Finalmente, la Plataforma, reclama a la Alcaldía el cumplimiento del arrumbado Reglamento de Participación Ciudadana, que hace posible el ejercicio de audiencia a las entidades y asociaciones en los asuntos específicos de interés social, como lo es el patrimonio, materia de irrelevante, oportunista e improvisada atención municipal en Huesca.