Una vez más, las familias de usuarios de la ruta de transporte escolar que lleva a los niños de La Peña y Murillo de Gállego hasta el CEIP Ramón y Cajal de Ayerbe se ven obligadas a la denuncia a Educación ante la situación de abandono que viven.
Las familias han realizado numerosas quejas, escritos, correos electrónicos y llamadas telefónicas antes de llegar a este punto. Han usado todas las vías de comunicación correctas que les indicó la Directora Provincial de Educación en la reunión mantenida a principios de este curso. Y continúan sin respuesta. Las familias afectadas no quieren conceder ni un minuto más ante lo que consideran abandono y falta de consideración del Departamento de Educación ante una situación de la que se consideran víctimas.

“Cada mañana dejamos a nuestros hijos en un vehículo que se nos dijo que no está autorizado para cubrir esta ruta. No es cualquier mercancía, son nuestros hijos. Se nos pidió paciencia e información y desde ese día hemos estado enviando escritos notificando la situación, realizando fotografías y las comprobaciones que nos indicó la Directora Provincial Olga Alastuey” expresan las familias “y tan sólo hemos recibido, hace ya muchos días, una respuesta protocolaria. Ni siquiera a los últimos escritos por correo electrónico han notificado la recepción”
“No nos consta que haya movilizado a los servicios de inspección tal y como prometió. De hecho hemos ejercido nosotros de denunciantes y han venido ante nuestra denuncia. De esas revisiones no hemos obtenido tampoco respuesta alguna”.
Ya en Julio de 2016 la Directora Provincial decidió obviar las denuncias y quejas y prorrogar el contrato con esta empresa. Según ella misma manifestó, ante la pregunta de los técnicos del departamento de si iba a renovar el contrato pese a las quejas y escritos recibidos denunciando los incumplimientos y problemas vividos por las familias, firmó la prórroga. Los escritos eran de las familias, del colegio y de los ayuntamientos en referencia al curso 2015/2016, y pedían explícitamente que se tomaran las medidas adecuadas para la seguridad de los niños.
La Directora especificó el 12 de septiembre de este curso una serie de razones por las que el contrato entre la empresa adjudicataria y la administración pública podía cortarse. Estas han sucedido, han sido notificadas, y Educación no hace nada. Ante la denuncia discreta y por escrito de que esto estaba sucediendo, la respuesta de Educación ha sido sin embargo que prevé legalizar la situación a fin de que el contrato siga en vigor.
Las familias han realizado un escrito denunciando esta situación pidiendo medidas contundentes ante la empresa y ante la Directora Provincial, que registran mañana en Educación