Ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) relativa a uno de los dos expedientes judicializados por la plataforma del municipio oscense de Loporzano, este colectivo lamenta que no se haya tenido en cuenta, por ejemplo, que el anterior consistorio aprobó proyectos de porcino industrial que no demostraban tener el agua necesaria para esta actividad, algo que contraviene las propias normas subsidiarias municipales. En el caso de este proyecto en concreto, además, el núcleo de Loporzano queda prácticamente abrazado por zonas de vertido de purines que llegan hasta las puertas de las casas; puesto que se efectuarán a 50 metros de las viviendas, en lugar de a 200 como establece la  normativa (tanto la vigente cuando se redactó el proyecto, Orden del 13 de febrero de 2015  de los Consejeros de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, de Política Territorial e Interior, y de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se sustituyen varios anexos de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas, como la actual, Decreto 53/2019 del 26 de marzo del Gobierno de Aragón por el que se regula la gestión de estiércoles). “Acatamos cualquier sentencia judicial, pero nos cuesta mucho entender que no se haga ni mención de estos incumplimientos del proyecto. Nos gustaría que Aragón contase con una legislación que garantizara una mayor protección para los habitantes de los pueblos y el medioambiente; pero es que ni siquiera se cumple la existente”, afirma Charo Romero, Secretaria de la Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva (PLSGI).

Este movimiento vecinal lamenta que tenga que ser la ciudadanía quien se vea obligada a erigirse en defensores del medioambiente por el automatismo en las concesiones de licencias y la inacción del Gobierno de Aragón frente a un grave problema de salud pública. Recuerdan además que las estadísticas contradicen a la Administración aragonesa y la ganadería industrial no solo no fija población, sino que agrava la despoblación. “En el caso de Loporzano, se han recuperado casas y se ha ganado población gracias al entorno por el que luchamos. En Aragón se está apostando por el porcino industrial sin la menor ordenación del territorio y vamos a seguir defendiendo que Loporzano, con parte de su término municipal dentro del mayor Parque Natural de Aragón, no es lugar para esta industria contaminante, y menos ahora que está considerado ya zona vulnerable a la contaminación por nitratos”, asegura Charo Romero.

Una de las principales preocupaciones de la PLSGI es precisamente la contaminación que generará esta explotación, siendo que los cultivos de Loporzano, en régimen de secano, requieren de una fertilización muy inferior a la que justifica el proyecto. “Esto contradice la normativa y el espíritu de valorización agronómica de los purines con el efecto inmediato de lixiviación de nitratos a las masas subterráneas de agua y su consiguiente contaminación”, advierte Romero.

Desde la PLSGI se reafirman en su voluntad de seguir defendiendo el territorio y divulgando la realidad oculta de esta industria. También destacan los frutos obtenidos en estos cuatro años de existencia en los que han conseguido informar y concienciar a la ciudadanía aragonesa sobre esta problemática. “Vemos con satisfacción cómo cada día más municipios se protegen para asegurarse un futuro y contamos con grandes apoyos entre la sociedad civil para continuar adelante a pesar del esfuerzo que nos supone como ciudadanía velar por el bien común”, finaliza la Secretaria del movimiento vecinal altoaragonés.