Los Sindicatos CESMAragon, SATSE y FASAMET, exigen a los responsables del Gobierno de Aragón medidas urgentes contra las agresiones sanitarias en la comunidad. Los profesionales denuncian que los casos que han llegado a la prensa durante esta semana (en el hospital Clínico de Zaragoza, una ambulancia en Huesca y los centros de salud de Tauste y de Zuera) son solo la muestra de un problema constante y que tiene una de sus raíces en que el SALUD no está cumpliendo con su deber legal de proteger a sus trabajadores.

En 2018 fueron, según los datos oficiales, 253 agresiones y subieron a 294 en 2019; el confinamiento de 2020 las hizo bajar a 196, pero en el primer semestre de 2021 ya han llegado a 153, por lo que de continuar la tendencia, este año se superarán las 300. A pesar del constante aumento, el Ejecutivo de Javier Lambán ha ignorado las demandas del personal sanitario para poner en marcha sistemas de protección, por lo que su inacción constituye un caso de irresponsabilidad.

Los profesionales recuerdan que ya en marzo de 2019 se plantearon cinco actuaciones urgentes a desarrollar de forma progresiva a lo largo de ese mismo año: dotar con un vigilante de seguridad todos los centros, instalar cámaras de videovigilancia, “botón del pánico” en las mesas de trabajo, “pulsera de geolocalización” para los profesionales fuera del centro y multas de hasta 30.000 euros para los agresores.

Sin embargo, apenas se han tomado medidas mínimas y es especialmente grave el abandono en la Atención Primaria, pese a que la mayoría de casos se padece en los centros de salud o las visitas domiciliarias. A modo de ejemplo, solo 19 centros de salud tienen actualmente el botón para pedir ayuda y sus profesionales no tienen tampoco este dispositivo cuando tienen que desplazarse (consultas en otros núcleos, asistencia domiciliaria…), aunque recientemente se ha presentado para el personal del 061.

Los Sindicatos Médicos de Aragón reclaman que se dé con la máxima urgencia una respuesta real y efectiva ante este grave problema y señalan que si no se atiende su reclamación, en el plazo de un mes, se plantearán otras acciones, como denuncias a la Inspección de Trabajo por no velar por la salud de los trabajadores o acciones penales de los responsables del departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud por poner en riesgo la integridad física de los trabajadores incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

LAS CINCO ACTUACIONES URGENTES RECLAMADAS

1ª       Dotar con un vigilante de seguridad cada centro de trabajo (centro de salud), durante el horario de apertura al público, tanto en el ámbito urbano como en el rural, e incluso en el periodo de Guardias en los centros rurales, previa contratación conforme a la legislación de seguridad privada y la legislación de contratación del sector público. Esta medida deberá aplicarse con carácter urgente e inmediato en los centros que acaban de sufrir agresiones en los profesionales y en las instalaciones.

2ª       Instalar cámaras de seguridad (videovigilancia) en las zonas comunes (puerta de entrada/salida, vestíbulo, zona de admisión, salas de espera, etc.) de los centros de salud. En centros de salud aislados o ubicados en zonas conflictivas, las cámaras de seguridad se instalarán también en el exterior del edificio, controlando el perímetro y accesos (puerta principal de acceso, puertas accesorias, entrada y salida al garaje).

3ª       Instalar un “botón del pánico” inalámbrico (alarma conectada con una central receptora de alarmas y con video-verificación), en las mesas de trabajo de todas las dependencias con acceso de público/usuarios de los centros de salud (consultas, despachos, mostrador de recepción/admisión, etc.). Dotación de un botón similar al de teleasistencia para las salidas exteriores en los centros de salud rurales.

4ª       Dotar de una “pulsera de geolocalización” (pulsera localizador GPS y comunicaciones GSM/4G, con botón de pánico y llamadas de emergencia) a los profesionales sanitarios cuando se desplazan fuera del centro de salud para ejercer sus funciones asistenciales (desplazamientos a otros núcleos distintos al núcleo en el que esté ubicado el centro de salud, asistencia domiciliaria, etc.).

5ª       Que la titular del Departamento de Sanidad eleve al Gobierno de Aragón un  proyecto de decreto-ley en el que se tipifique como infracción administrativa grave las agresiones verbales (insultos) por los usuarios a los empleados públicos en los centros sanitarios públicos y como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas, sancionadas pecuniariamente con multa de entre 500 € y 3000 € y entre 3001 € y 30.000 €, compatible con la responsabilidad penal y civil que de tales hechos se puedan derivar (delitos de atentado a la autoridad, de daños, lesiones, coacción, etc.).

En caso extremo el personal sanitario de los centros podría abandonar, previa notificación a sus superiores, su puesto de trabajo si está en riesgo su integridad física de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debido a la inacción del Gobierno de Aragón para aplicar medidas como las propuestas que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios.