En el foro organizado en la capital española para abordar la sostenibilidad de los embalses, el Vicepresidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, ha calificado de “insuficiente” la participación pública en los procesos de planificación hidráulica y, en particular, en los proyectos de regulación. En su opinión, “el problema es que no existen ni decisiones ni canales que acepten las reivindicaciones de compensación planteadas por los afectados” y, ante responsables del Ministerio, de confederaciones hidrográficas, eléctricas, ingenieros y profesionales del sector, ha exigido una vez más que los territorios deben formar parte de los órganos de gobierno y decisión de la cuenca hidrográfica del Ebro en la misma proporción de los usuarios que se benefician de las infraestructuras y recursos del Pirineo aragonés. En términos similares se ha manifestado Pablo Castán, presidente de la Asociación de entidades locales Adelpa, en su ponencia desde el punto de vista de los municipios afectados por embalses.

Miguel Gracia, quien también forma parte de la Comisión Permanente de Adelpa, ha señalado que, incluso en los casos cuando se intenta hacer un proceso de participación como pueda ser, por ejemplo, el puesto en marcha para la elaboración y aprobación del vigente plan de la cuenca del Ebro, “el resultado final apenas recoge la postura y reivindicaciones de los territorios afectados por los impactos sociales de las infraestructuras hidráulicas” y, por lo tanto -ha proseguido Gracia- “no se da el equilibrio entre sostenibilidad económica, social y medioambiental”. Para ello ha puesto el ejemplo de la Asociación de entes locales del Pirineo aragonés que participó en el citado plan de cuenca elaborando informes y documentos “que no se tuvieron en cuenta”.

Así se expresaba este mediodía en el transcurso de una mesa redonda junto al presidente de la Asociación española de abastecimientos de agua y saneamiento, Fernando Morcillo, y el subdirector general de Infraestructuras y Tecnología de la dirección general del Agua, Antonio Alonso, y donde también ha tomado parte Francisco Aranda, jefe del área de planificación y desarrollo del Instituto Aragonés del Agua, Alberto Fernández, de política de aguas en WWF España, Ángel García, del área de planificación de recursos hidráulicos del Comité español de Grandes Presas, y Clemente Prieto, de Iberdrola.

Las jornadas técnicas están organizadas por el Comité español de Grandes Presas (Spancold) y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y, entre los ponentes de diferentes puntos del territorio nacional, también se ha contado con Cristina Monge, de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), que ha centrado su intervención en la mediación en el conflicto del Matarraña.

También se ha referido Gracia a un régimen económico-financiero que continúa “incompleto”, a la luz de la directiva marco del agua 2000/60/CE, “en cuanto al principio de recuperación de los costes de los servicios del agua, especialmente en los costes ambientales y del recurso”. En su intervención ponía en evidencia, entre otros aspectos, que el actual sistema de asignación del recurso hidráulico y su correspondiente sistema concesional tienen consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para el desarrollo socioeconómico de las zonas de montaña “al ignorar los costes del recurso y la necesaria compensación a estas zonas por las afecciones que soportan y la falta de disponibilidad del recurso que supone destinarlo a otros usos”, ha dicho Gracia. Con esta serie de supuestos, “es evidente que hoy por hoy el conflicto social es inevitable”.

“Oportunidad para la restitución territorial y social”

En este sentido, la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés, que está constituida por más de un centenar de entidades locales altoaragonesas, cuenta con un estudio relativo a los costes de los recursos hídricos en regiones de montaña aplicado al Pirineo aragonés, y también con otro hidrológico y económico de la asignación del recurso natural agua en este territorio. Entre las medidas, que desde ADELPA también solicitaron su inclusión en el Plan Hidrológico de la demarcación del Ebro, se contempla revertir en el territorio, al menos medio céntimo de euro por cada kilovatio/hora generado, como compensación por las servidumbres generadas del aprovechamiento hidroeléctrico, la actualización de los valores catastrales de las infraestructuras en el impuesto del IBI para que lleguen a los municipios donde están ubicadas, mejoras en el abastecimiento contando con fuentes alternativas para los recursos y poder asumir los picos de demanda, aplicar la DMA al menos en sus niveles mínimos de exigencia, con requisitos ambientales de calidad y de recuperación íntegra de costes, y una verdadera gestión de los montes, basada especialmente en su limpieza y mantenimiento. También se solicitaba adoptar medidas de control de inundaciones y riadas, pero basándose en la gestión del territorio.

Pablo Castán, presidente de la Asociación de entes locales del Pirineo aragonés, ha llevado a este foro nacional la visión de los municipios afectados por embalses y ha hablado de que se imponen nuevos conceptos: el agua como recurso económico y generadora de una riqueza que debe revertir en parte en las zonas de regulación, y la tarificación para el ahorro del recurso. La situación actual supone que “pese a los esfuerzos realizados, por esta Asociación y por otros muchos colectivos durante los últimos años el impacto social y territorial de las presas ya construidas sigue sin compensarse a los habitantes y a las administraciones locales del territorio”, lamenta.

Ha hecho hincapié en la “oportunidad servida en bandeja” que en este momento tiene la administración general del Estado y las empresas hidroeléctricas “para la restitución territorial y social del Pirineo aragonés por los embalses y los saltos hidroeléctricos ya construidos” y que, sin embargo, “se está dejando pasar pese a las reivindicaciones de colectivos como el nuestro”, en referencia a que la mayoría de los saltos hidroeléctricos con estas cláusulas y sobre los que se ha abierto expediente para reclamar esta energía se encuentran ubicados en el territorio de Adelpa. El Pirineo aragonés en una de las principales zonas de regulación hidráulica de la cuenca del Ebro, especialmente con fines de producción hidroeléctrica.

Independientemente de la restitución territorial legalmente exigible, el presidente de esta asociación altoaragonesa que trabaja desde el año 96 cree necesario buscar fórmulas como los “pagos por servicios ambientales”, que ya se aplican en algunos casos a nivel mundial.