En el momento por el que pasan los territorios rurales, el Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Miguel Gracia, considera preciso “que se puedan aplicar políticas con fondos europeos” contando con la participación de las administraciones locales en el nuevo marco comunitario y el nuevo enfoque del cambio demográfico “como cuarto pilar a los tres actuales”, en referencia al Parlamento Europeo, Comisión Europea y Estados miembros. Es la posición que ha apoyado Gracia en la Comisión de diputaciones de la FEMP, cuyos principales acuerdos se dirigen a que la futura política de cohesión contenga ejes prioritarios y financiación específica para zonas despobladas.

De este encuentro que ha tenido lugar en Salamanca con una veintena de responsables provinciales, ha salido de nuevo la necesidad de que se tenga en cuenta el papel del mundo local y, con la vista puesta en el próximo periodo de programación económica 2021-28, los máximos responsables de las diputaciones provinciales españolas piden a la Unión Europea que considere criterios como la dispersión o el envejecimiento con acciones netamente inversoras.

Del mismo modo que las ciudades tienen capacidad para gestionar fondos de desarrollo urbano sostenible, en el texto aprobado por esta comisión de la FEMP se exige que las provincias, como instituciones que tienen la capacidad de poder afrontar eficazmente estos problemas de territorio, puedan gestionar los fondos de cohesión con fines de lucha contra la despoblación. Todos han coincidido en la potestad legislativa e inversora que tienen las administraciones de mayor ámbito como es el caso de la europea, frente a la escasa capacidad de acción de la administración local que, paradójicamente, es la que más conoce la realidad del territorio.

En la actualidad, los dos grandes ejes sobre los que pivotan las inversiones de los FEDER son las grandes ciudades y los territorios, a estos Miguel Gracia suma un tercer espacio: las zonas rurales despobladas, porque hay territorios en España y en el resto de Europa que, tal como recuerda, afrontan el problema de la falta de población de una forma especialmente acuciante. “Europa tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso primando en sus
políticas a la administración local y al mundo rural” porque -prosigue- “de las decisiones que ahora se tomen depende el futuro de estas zonas, de allí la necesidad también de una cooperación reforzada entre las zonas rurales y las urbanas”.

Estos mismos argumentos se expusieron recientemente en Bruselas adonde acudió Miguel Gracia junto a los presidentes de las diputaciones de Jaén, Castellón, Cáceres y Salamanca, y de lo que se ha dado cuenta en esta reunión de la Comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la FEMP . A la Comisión Europea se trasladó la propuesta para la creación de un fondo específico para la lucha contra la despoblación dotado en los mismos términos que los FEDER o LEADER. Se basaría en enfoques territoriales integrados destinados a disminuir el coste adicional de infraestructuras, inversiones y servicios, así como a dinamizar el capital humano y natural para un desarrollo económico sostenible y con una mayor simplificación de los fondos de cara al pago por resultados y costes globales.

Estas acciones surgen de la crisis territorial que hay en muchas zonas de Europa, no solo del interior de España y Portugal, sino también la diagonal del vacío en Francia, la antigua Alemania Oriental y el este de países bálticos, Polonia, Eslovaquia y otras zonas del resto de países que están lejos de converger con las áreas urbanas más dinámicas de la UE. Lo que se reclama es que no se primen solo criterios económicos, como el PIB, sino también los
demográficos e incluir en los presupuestos partidas específicas contra la despoblación, en particular en materia de cohesión, empleo, agricultura, medio ambiente, sociedad de la información, empleo, educación, I+ D, políticas sociales o de transporte.

La comisión de diputaciones de la FEMP, presidida por Francisco Reyes, está recopilando experiencias en el ámbito del empleo y la despoblación para analizarlas en un congreso de la FEMP previsto en octubre en Palencia, y otras sobre envejecimiento y salud para una cita en septiembre en Albacete y donde la Diputación Provincial ha participado con una docena de planes que han dado sus frutos como el programa de rehabilitación de viviendas para alojar a nuevos pobladores, el fomento de cultivos como el de la trufa, pero también las infraestructuras educativas, las electrónicas, el fomento de la actividad económica, los refugios de montaña, las depuradoras ecológicas o la Huesca Film Office, entre otros.

Preocupación por la reducción de fondos de desarrollo y la PAC Desde las diputaciones provinciales españolas que se han reunido en Salamanca, se ha mostrado la preocupación por el presupuesto dedicado a la PAC después de verse aminorado en un 5%, de la misma forma que las ayudas directas a agricultores porque se consideran cruciales para mantener la población en el entorno rural o la reducción en 10 puntos porcentuales la aportación del FEADER comunitario (desarrollo rural), una fuente de financiación que han calificado de necesaria para la modernización de las explotaciones agrarias y para poder tener un sector agrario competitivo.

 

Más claridad para la nueva ley de contratos
También se ha abordado la entrada en vigor de la ley de contratos ante la problemática generada en el ámbito local, sobre todo, en lo que tiene que ver con municipios de menor tamaño y no se entiende que el Gobierno de España desarrolle normas cuya aplicación requiere de la ayuda de entidades como son las diputaciones y no se prevé partidas económicas para su implantación.

Desde esta Comisión en la FEMP, han tenido conocimiento de que se está estudiando una moratoria para la aplicación de la Ley en los casos de contratación electrónica por parte de los municipios de menor tamaño. Para los miembros de la comisión, estos procedimientos de contratación con el sector público necesitan clarificarse en su interpretación ante una aplicación que está sufriendo retrasos y con muchas empresas pequeñas dependientes del sector público que se ven perjudicadas.