Un estado democrático debe garantizar siempre el derecho a la seguridad, la libertad y una  vida digna a todas las mujeres. Una sociedad comprometida con la igualdad real entre mujeres  y hombres, ha de apostar siempre por políticas públicas que acaben de una vez con todas las  discriminaciones y formas de violencia hacia las mujeres.

No es posible que nuestra sociedad avanzada se acostumbre a convivir diariamente con  las cifras que arroja la violencia de género en nuestro país. Según datos de la Delegación de  Gobierno contra la Violencia de Género, en 2021 las víctimas mortales suman ya 37. Y desde  el 2003, 1.118 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas hombres, dejando a  330 hijas e hijos sin sus madres; y 44 niñas y niños han sido asesinados por violencia machista. 

La 6ª Macroencuesta de Violencias contra la Mujer en España señala que una de cada dos  mujeres (57,3%) de 16 o más años ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su  vida. Y que más de 2.800.000 mujeres han sufrido violencia sexual, registrándose una media  de 6 violaciones al día. El 36,5% de ellas no denunciaron por temor a no ser creídas. Datos  todos que contrastan con la escalofriante cifra de que uno de cada cinco jóvenes varones cree  que la violencia machista no existe y que es solo un «invento ideológico» según el Barómetro  Juventud y Género 2021.

Por todo ello, este 25 de noviembre y todos los días del año reclamaremos los cambios  legislativos que sean necesarios para ampliar la protección de las víctimas y sus hijas e hijos,  la correcta aplicación de las medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la  violencia de género, así como la urgente necesidad de cumplir el Convenio de Estambul.  Exigiremos que se legisle a nivel autonómico para se contemplen todas las formas de violencia  contra las mujeres, incluidas las ocasionadas por motivos religiosos o tradicionales, como la  mutilación genital femenina, el matrimonio infantil o la esterilización forzosa. Exigiremos la  ilegalización y prohibición universal de los llamados “vientres de alquiler”. Sin olvidarnos de  que el negacionismo de la violencia machista que la ultraderecha pretende instalar en nuestro  país, y la imposición del transgenerismo que pretende el borrado de las mujeres, son también  formas de violencia contra las mujeres ejercida por hombres.

Mención especial queremos hacer en este Día Internacional contra la Violencia hacia las  Mujeres de la prostitución. Este privilegio masculino ha de ser siempre abolido si queremos  llegar a ser una sociedad completamente igualitaria. España ocupa el primer puesto en  consumo de prostitución en Europa y el tercero del mundo; pero hoy, esta vulneración de los  derechos humanos de las mujeres puede que esté más cerca de acabarse con el anuncio del PSOE de promover, de una vez por todas, una ley integral abolicionista que, además plantea  por primera vez, el castigo a clientes y proxenetas.

Es más necesario que nunca señalar y castigar, sin ambigüedad ninguna, a los auténticos  responsables que prostituyen a las mujeres y mostrar la violencia del sistema prostitucional  que convierte los cuerpos de las mujeres en objetos mercantilizables para satisfacer los deseos  de otros. Es más necesario que nunca crear ese marco legal propio. No es suficiente  reintroducir en nuestra legislación penal la tercería locativa, como hace Podemos, en el  proyecto de ley de Garantía de la Libertad Sexual que se discute en el Congreso. Es necesario  además penalizar todo el proxenetismo y penalizar a los puteros, a los demandantes de sexo  de pago, verdaderos causantes de esta pandemia que supone la demanda de prostitución en  España. Y, paralelamente, hay que arbitrar todas las medidas sociales, económicas y de todo

orden necesarias para posibilitar a las mujeres que lo deseen, salir del sistema prostitucional.  Solo así terminaremos con la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual,  esclavismo del S. XXI. El Gobierno debería ya haber iniciado la tramitación de una ley integral  contra la trata con fines de explotación sexual y abolicionista de la prostitución y ese creemos  que sería la mejor forma de prevenir y erradicar este gravísimo problema que sufren mujeres  y del que se benefician hombres. Pero, dado lo avanzado de la legislatura y como el futuro es,  por lo menos, desconocido, entendemos que todo ese contenido se podría-debería incorporar  al proyecto de Ley de Garantía de la libertad sexual, porque no se podrá hablar de libertad  sexual en España mientras seamos el burdel de Europa.

Es hora por fin de criminalizar todas las formas de proxenetismo y de penalizar a los  clientes que ejercen claramente violencia sexual sobre las mujeres. También y sumamente  importante es que esta ley contemple la necesidad de una educación afectivo sexual en todas  las etapas y niveles educativos, con control absoluto al consumo de pornografía por parte de  menores, incluyendo también campañas públicas de prevención y desactivación del consumo  de prostitución.

No podemos ser el país puntero en leyes y políticas públicas para prevenir y erradicar la  violencia machista y ser el país de Europa en el que más prostitución se consume. La  prostitución es violencia sexual, por lo tanto, debe erradicarse como cualquier otra  manifestación de violencia machista. El feminismo ha sido siempre abolicionista. Desde  Concepción Arenal, Margarita Nelken, Emilia Pardo Bazán, Clara Campoamor, todas fueron  firmes defensores del abolicionismo y lo consiguieron durante la Segunda República, en 1935.  No seremos un país libre de violencia mientras nuestras calles estén inundadas de publicidad  de antros en los que se viola a muchas mujeres muchas veces cada día. Por eso creemos que  ha llegado el momento de pasar de las declaraciones a los hechos y que deben de incorporarse  ya a nuestra legislación medidas abolicionistas del sistema prostitucional. Esta es una de las  mejores maneras de luchar hoy contra la violencia de género.