Cuando el 1 de febrero de 2018 solicitamos la declaración como Bien de Interés Cultural para el antiguo Seminario, avalados por 1.200 firmas de vecinos de Huesca, no podíamos imaginar el largo, tortuoso y agotador camino que íbamos a vernos obligados a transitar para tratar de mantener la integridad amenazada de un conjunto patrimonial esencial en la ciudad.

Más de cuatro años después de registrar la solicitud de BIC y habiendo logrado declaraciones de protección parciales, aunque muy importantes todas y cada una de ellas, las entidades que conformamos la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca nos hemos visto obligados a acudir a la Justicia. En el Tribunal Contencioso Administrativo de Huesca se debe dirimir la declaración como Monumento de Interés Local para los patios históricos. Nuestros peritos están llamados a refrendar sus informes técnicos el 15 de septiembre, por tanto antes no habrá sentencia.

Por otra parte, en la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se verá el recurso presentado por el Ayuntamiento para anular las medidas cautelares instadas por la Plataforma y dictadas en primera instancia, así como nuestra oposición a la exigencia municipal de 800.000 € como fianza para proseguir la demanda: un exceso de imposible justificación democrática, un ataque directo a la participación ciudadana y la equidad.

Siempre hemos tenido enfrente al Ayuntamiento, amparado por el silencio cómplice de la Diputación y la Universidad de Zaragoza. Tres instituciones que se han abonado al argumento inane del «sostenella y no enmendalla», buscando la imposible justificación para un proyecto arquitectónico redactado por los servicios técnicos municipales en el que todavía se prescinde de más del 30% de lo construido a lo largo de los siglos. Un proyecto para el que en origen no se contó con estudios históricos, ni arqueológicos, tampoco con asesoría en materia de restauración. En definitiva, un «proyecto de autor» que hace tabla rasa de los conceptos más elementales que rigen la recuperación de cascos antiguos desde la sostenibilidad y el respeto, vulnerando acuerdos internacionales suscritos por España a este respecto e incluso sorteando ladinamente la propia Ley de Patrimonio de Aragón.

Así lo entendió en distintos momentos la Dirección General de Patrimonio y a pesar de la oposición municipal sistemática y tenaz a nuestras pretensiones patrimonialistas, otorgó protección arqueológica al solar, declaró BIC la iglesia de Santa Cruz y bienes catalogados las fachadas de la plaza Universidad, General Alsina, el segundo patio porticado y recientemente el torreón de levante.

Con todo, el peligro para el monumental Seminario no ha remitido y dos patios históricos podrían ser demolidos impunemente. El Ayuntamiento asegura, con argumentos de nulo alcance científico, que el patio datado en el siglo XVI en realidad obedece a una construcción contemporánea. Los informes aportados por la Plataforma, sin embargo, aconsejan que «antes de derribar, se debería completar el estudio arqueológico con el análisis de la fachada interior, toda vez que el piso inferior está construido con sillar y los dos pisos que se levantan sobre el mismo se realizaron con ladrillo macizo». Apreciaciones elementales obviadas, como tantas en este proceso, para actuar con impunidad y alevosía. Pero no solo sostenemos que esta intención municipal es errónea, también presentamos argumentos frente a otras presuntas razones aducidas para justificar mutilaciones y derribos.

Sostener que «para frenar el deterioro galopante de los edificios que se conservan» hay que derribar distintas piezas del conjunto es una radical y pobre forma de actuar que niega la aplicación de técnicas activas de preservación patrimonial, al tiempo que ignora convenciones internacionales y las declaraciones de protección del Casco histórico de Huesca.

Resulta sorprendente, asimismo, argumentar como base del derribo, que con ello se mejora la puesta en valor del BIC que es la iglesia de Santa Cruz. Semejante aseveración revela ignorancia acerca de la naturaleza y evolución histórica de la iglesia, pieza de enorme valor que siempre ha estado rodeada de edificios. Además, como señala la propia Dirección General de Patrimonio, la desaparición de los mismos puede amenazar su estabilidad e integridad. Extraña fórmula de potenciar el valor del BIC, precisamente abocándolo al riesgo de colapso.

Otras muchas razones ha aducido la Plataforma para justificar la defensa del conjunto frente a las fútiles justificaciones municipales. Así, solo se explica desde la incompetencia y el desatino que se pretenda acceder a información arqueológica con el derribo de los edificios históricos que la contienen, tal como pretenden los proyectos municipales.

Pero nuestras explicaciones y fundamentos nunca han sido escuchados por las instituciones concernidas. Durante los más de cuatro años que se prolonga el conflicto patrimonial no hemos sido recibidos por un Ayuntamiento que ni siquiera ha respondido a las solicitudes de encuentro y ha castigado a la Plataforma, implacablemente, con el desprecio del silencio administrativo.

El maltrato institucional protagonizado por el Ayuntamiento y secundado por la Universidad de Zaragoza a través del Instituto de Patrimonio y Humanidades no tiene precedentes. La burla a la participación ciudadana supuestamente promovida por las instituciones adquiere carácter de indignidad en el contencioso que nos ocupa.

Tampoco la Mesa de las Cortes de Aragón ha respondido a nuestra solicitud de personación ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos solicitada ya en mayo de 2021.

La Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Huesca y por tanto las entidades y personas que a título particular la integran, estamos a favor de la financiación de la recuperación integral del conjunto patrimonial del Seminario con fondos europeos, pero declinamos cualquier responsabilidad al respecto si los mismos no se llegan a solicitar en tiempo y forma o son negados por cualesquiera otras razones, solo las instituciones que impulsan y justifican la amputación de piezas fundamentales del inmueble deberán responder ante la ciudadanía.

Diremos, finalmente, que en nuestro derecho a intervenir y ser escuchados nos ampara la Ley de Patrimonio, la declaración de conjunto histórico artístico para el Casco Antiguo, entidades patrimonialistas del prestigio de Hispania Nostra, el Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, Icomos-España, así como una treintena de asociaciones patrimonialistas de ámbito nacional. También la Constitución.

El Seminario ha sido inscrito en la Lista Roja del Patrimonio, catálogo que recoge los elementos en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

El reputado arqueólogo medievalista Alberto Gómez García señala en sus informes sobre el Seminario que «acometer el derribo de una parte más que sustancial de este conjunto monumental podría ser considerado una seria agresión contra el patrimonio histórico y contra el archivo arqueoconstructivo conservado durante siglos». Igualmente asegura que «los embrionarios estudios realizados permiten afirmar que el antiguo Seminario de Huesca es un conjunto monumental de gran valor histórico, arqueológico y patrimonial».

Por todas estas razones, y también porque forma parte de nuestro paisaje sentimental y por tanto de nuestra identidad ciudadana, convocamos el Segundo abrazo al Seminario el domingo día 3 de julio a las 12:00 horas en la plaza de la Universidad. La pintora y escritora Teresa Ramón leerá el manifiesto que hemos preparado para el acto.

Gracias por vuestra presencia y por vuestro interés para dar a conocer a la opinión pública la necesidad y obligación cívica de defender el patrimonio.