Unidos Podemos en Común ha registrado una petición de comparecencia de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente por el desvío de fondos del Plan Nacional de Calidad de Aguas, que estaban destinados a la construcción, como obras de “Interés General del Estado”, de depuradoras en el Pirineo aragonés. La candidatura confluyente también demanda que Isabel García Tejerina explique, en el Congreso, las multas que la Confederación Hidrográfica del Ebro impone a los municipios por falta de las citadas depuradoras que debería haber construido el Gobierno de Aragón, actual titular de las correspondientes competencias. Los diputados aragoneses de esta formación, Pedro Arrojo (Podemos) y Jorge Luis Bail (Alto Aragón en Común), han presentado, además, una batería de preguntas al Gobierno sobre estas dos cuestiones, en la que, ente otras cosas, quiere conocer los planes del Ministerio para la realización en las comarcas altoaragonesas de esas obras, “de Interés General”, que no han sido llevadas a término.
En la comparecencia, que debería hacerse efectiva en la Comisión de de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Común-En Marea reclama a la ministra que explique “la oportunidad y grado de ejecución” de las obras de las citadas depuradoras, que deberían haber sido costeadas con fondos asignados por el entonces Ministerio de Medio Ambiente, a raíz del convenio, firmado por este organismo con el Gobierno de Aragón, para coordinar las actuaciones del “Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015”. También reclama que aclare el desvío de dichos fondos a otras obras que, señalan, “han acabado incluyendo plantas de tratamiento de purines”.
Unidos Podemos en Común quiere que aclare, igualmente, la actuación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del ministerio que dirige García Tejerina, que está imponiendo multas a los municipios por la falta de estas depuradoras, a cuya realización se había comprometido la DGA -que asumió para ello las competencias de saneamiento- y que estaba acordada con el propio Ministerio a través del Convenio de Colaboración para financiar el Plan Integral de Depuración del Pirineo,firmado por ambas entidades.
El Consejo de Ministros aprobó el 8 de junio de 2007 el segundo Plan Nacional de Calidad de las Aguas, Saneamiento y Depuración (2007-2015). El plan fijaba la aportación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas, asumiendo financiar el 100% de las obras declaradas de interés general. En 2008, se firmó el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón para coordinar y financiar las actuaciones del “Plan Nacional de Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración 2008-2015 y del Ciclo Integral del Agua”. En el Convenio se comprometía la financiación finalista de las obras del Plan Integral de Depuración del Pirineo, declaradas de interés general del Estado, al considerarse las cabeceras pirenaicas zonas ambientalmente sensibles. En un principio, el citado Convenio preveía aportar desde la Administración General del Estado 169.125.000 €; sin embargo, posteriormente sufrió varias modificaciones, quedando reducida esta cantidad a 142.656.253 €.
Unidos Podemos en Común denuncia que, “a pesar de disponer de esta financiación al 100% con fondos públicos” procedentes del citado Convenio, el Gobierno de Aragón, habiendo requerido y recibido de los Ayuntamientos sus competencias de saneamiento, decidió construir las depuradoras del Pirineo mediante contratos de obra y servicio, con empresas privadas, “privando a los Ayuntamientos de esa financiación pública que el Gobierno había previsto, como Obras de Interés General del Estado”. Además, señala esta candidatura, esos fondos, a petición de la DGA, fueron destinados a múltiples obras que no eran de Interés General del Estado, previéndose que tales obras debían corresponder al ciclo integral del agua en municipios de Aragón.
Por otro lado, recuerdan, los concesionarios privados, que tenían la obligación de construir las depuradoras en cientos de núcleos urbanos pirenaicos, incumplieron los contratos firmados, de forma que, explican, “la práctica totalidad de ellas, a día de hoy, siguen sin construirse”. Sin embargo, sin tener los Ayuntamientos en sus manos la competencia de saneamiento, y estando licitadas las obras en los municipios pirenaicos, los vecinos se ven obligados a pagar a la DGA, el Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) desde hace varios años. Y simultáneamente, denuncian, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cobra a esos Ayuntamientos el máximo Canon de Vertido y les impone multas por no disponer de depuradoras.

Doce preguntas al gobierno
En relación a estos hechos y al Convenio de Colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar el Plan Integral de Depuración del Pirineo, Unidos Podemos en Común, a través de Pedro Arrojo y Jorge Luis, pide al Gobierno central que responda por escrito a doce cuestiones.
Por un lado quiere conocer si los fondos asignados para este Convenio incluían Fondos Europeos, y si la declaración como Obras de Interés General de las depuradoras del Pirineo Aragonés, por el hecho de estar en una zona medioambientalmente sensible, respondía a alguna directiva o requerimientos de la UE.
También pregunta por cuáles de las obras que finalmente se han realizado con los 142 millones de euros del citado Convenio son de Interés General del Estado. Y por las razones por las que el Gobierno aceptó que esos fondos finalistas, destinados a las depuradoras pirenaicas, se desviaran a inversiones que no son de Interés General y quién autorizó en concreto dicho cambio. Y, en consecuencia, quiere saber qué actuaciones y que partidas tiene previstas el Ministerio para la concreción de esas obras de Interés General que aún no se han llevado a cabo.
Arrojo y Luis quieren que, el Ejecutivo explique, tras la inclusión por la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio de otras actuaciones, que debían corresponder al “ciclo integral del agua en municipios de Aragón”, si considera que cumple ese requisito la construcción de plantas de tratamiento de purines. Y, si no es así, si tiene previsto tomar medidas que permitan depurar las correspondientes responsabilidades. Igualmente preguntan por la gestión privada de esa financiación pública.
En lo relativo a las multas impuestas por la CHE a los Ayuntamientos por no disponer de saneamiento, los diputados aragoneses recuerdan que fue el propio Gobierno estatal, quien pactó con la DGA la realización de estas obras, para lo que el Gobierno Aragonés requirió y obtuvo la delegación de competencias de la mayor parte de Ayuntamientos.Y preguntan si, en ese contexto, cree el Gobierno que se ajustan a derecho y a justicia esas sanciones; y si piensa mantenerlas o si se plantea exigir responsabilidades a la DGA, responsable de hacer las depuradoras.